Por un error en la digitación de su apellido, Robinson Antonio Román Dávila, uno de los 4 implicados en el desfalco al ICBF en La Guajira, quedó en libertad. El juez que emitió la orden de captura erró al escribir Ramón en vez de Román.

Román Dávila creó supuestamente una empresa fachada en la ciudad de Santa encargada de vender suministros de papelería a la fundación Un Mejor Vivir con la que el ICBF celebró los contratos 375 y 383 de 2015, por 5 mil millones de pesos cada uno.

Los suministros que Román le entregaba a la fundación eran aparentemente con sobre costos. “Al parecer, entregaba facturas correspondientes a la entrega de los pedidos pero que nunca fueron entregados físicamente”, informaron el fiscal Eduardo Montealegre y el director de Fiscalías Seccionales, Luis González.

El desfalco hecho por Robinson Antonio Román Dávila; María Isbelda Hernández Roys, servidora del ICBF; Ramiro Lizarazo, encargado de la provisión de refrigerios y mercados y Yiseth Fince Bravo, contadora de la fundación, supera los 2.000 millones de pesos y, por los mismos hechos, se cumplirán otras tres órdenes de captura, informó el ente acusador.

Por su parte, la Fiscalía aseguró que Román Dávila tendría que ser recapturado y será judicializado y responder junto a los demás implicados por los delitos de falsedad ideológica y material en documento público, concierto para delinquir y peculado por apropiación.

Por otra parte, un juez envió a prisión a las otras tres personas por presunto desfalco al erario a través de un programa para la alimentación de los niños de La Guajira, uno de los departamentos más deprimidos y abandonados de Colombia.
 
Lizarazo, por ejemplo, vendía los refrigerios y mercados con un sobrecosto elevado --casi del 50%-- a la Fundación un Vivir Mejor, permitiendo así que ésta adulterara las facturas para que reportara un valor aún mayor al instituto de bienestar familiar con el fin de apropiarse del excedente, indicó el reporte del ente investigador.
 
Los tres deberán responder por su presunta participación en los delitos de peculado, falsedad y concierto para delinquir (o el acuerdo entre dos o más personas para cometer un número indeterminado de crímenes).
 
La investigación de la Fiscalía dice que estas tres personas supuestamente participaron en un desfalco por 2.217 millones de pesos a través de contratos suscritos este año para la atención integral de la primera infancia, niños y niñas menores de cinco años o hasta su ingreso a transición, así como para madres gestantes y lactantes.
 
Dentro de la misma investigación también se rastrearon dos contratos de 2011 por un valor de 18.600 millones de pesos (6,4 millones de dólares) "para la reducción de la mortalidad infantil en el municipio (de Albania, La Guajira); sin embargo fueron ejecutados parcialmente, sin que se cumpliera a cabalidad el objetivo para el cual habían sido suscritos".
 
En total hay 11 personas vinculadas a la investigación: dos funcionarios públicos y nueve particulares.
 
La directora nacional de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, comentó a la prensa que "esta mafia es peor que el narcotráfico porque además tiene muchas personas involucradas: hay presiones políticas, hay presiones de intereses particulares, hay algunos funcionarios el ICBF", el instituto de bienestar familiar.
 
La Guajira, en la costa Caribe, es uno de los departamentos más pobres del país y mucha de su población es indígena. Constantemente organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación locales denuncian la muerte de niños de ese departamento por hambre y sed.

*Agencias