El Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá envió a la cárcel a la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto, en el marco del proceso que se adelanta en su contra por su presunta participación en la suscripción irregular de un contrato, que tenía como finalidad la reducción de la mortalidad infantil en Albania (La Guajira).

Para el despacho, la exmandataria debe ser recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá dado que podría interferir en la investigación de la Fiscalía, dadas sus influencias en la región, incluso, la Fiscalía denunció amenazas contra los funcionarios judiciales que adelantan las investigaciones contra la exgobernadora.

Igualmente, el juez indicó que no hay evidencias de que la exmandataria sea una “perseguida política”, como lo indicó ella al solicitar su libertad. Además, el funcionario judicial consideró que los delitos por los que es investigada Pinto son “graves”.

“El análisis le permite al despacho señalar que se debe imponer una medida de aseguramiento, dado que representa un riesgo para la comunidad, y la Fiscalía también la señala de pertenecer a una estructura dedicada a defraudar el erario público de la región”, señaló el juez.

Para la Fiscalía, la exfuncionaria habría conocido y participado en las irregularidades ocurridas en 2011, en el trámite, celebración y ejecución del contrato que tenía como objetivo reducir la mortalidad infantil en el municipio de Albania (La Guajira), cuando ella se desempeñaba como alcaldesa.

Tras las pesquisas, la Fiscalía evidenció irregularidades en los convenios interadministrativos 008 y 004, y en la adición 001, que fueron suscritos entre la Alcaldía del municipio con el Hospital San Rafael de Albania, por un valor total de 18.600 millones de pesos, cuyo objetivo principal era la reducción de la mortalidad en los menores.

De acuerdo con lo establecido por el ente investigador, el monto del contrato fue adjudicado por Pinto días antes de abandonar su cargo para iniciar su campaña como candidata a la Gobernación de La Guajira, la cual obtuvo. Posteriormente, fue anulada esa elección por parte del Consejo de Estado.

En el mencionado contrato, la Fiscalía pudo establecer que fueron designados diez coordinadores, quienes posteriormente subcontrataron a más de 1600 personas para la materialización de la mencionada obligación contractual.

En ese sentido, el ente investigador asegura que las personas subcontratadas habrían recibido una suma superior a 1 millón de pesos cada uno, para la ejecución, que consistía en dictar charlas y visitas a madres gestantes, lactantes y adelantar jornadas de vacunación.

Sin embargo, la Fiscalía indagó que las más de 1600 personas no tenían el perfil “idóneo” para el desarrollo de los programas, y se les había pagado a personas que se desempeñaban como albañiles, mecánicos, técnicos en sistemas, entre otros.

La Fiscalía asegura que dichos pagos se habían realizado con el fin de que estas personas votaran a favor de Pinto en su aspiración a la Gobernación. Cargo que finalmente logró obtener.