El Juzgado 71 de Control de Garantías envió a la cárcel La Modelo de Bogotá al presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), Pedro Aguilar, por su presunta participación en el denominado ‘Cartel de Chatarrización’.

El despacho acogió la solicitud de la Fiscalía, en la que argumentó que Aguilar es un peligro para la sociedad, además podría interferir en la investigación, por lo que debe ser recluido en un centro carcelario mientras se adelanta su juicio,

“Se puede obstruir la investigación y alterar las pruebas, porque la Fiscalía documentó que el señor Pedro Aguilar ocultó carpetas de las diferentes Secretarías de Transito y usted lo puede verificar su señoría, con los documentos expuestos en la audiencia”, señaló el fiscal de caso.  

El líder gremial no aceptó ante el Juzgado 71 de Control de Garantías de Bogotá los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, uso de documento falso; y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público.

Este viernes, la defensa de Aguilar solicitó que fuera cobijado con detención domiciliaria, dado que su abogado argumentó que el líder gremial era el responsable de responder económicamente por su madre, una mujer de 85 años de edad, y sus dos hijos, entre ellos un niño de cinco años, sin embargo, para el juez Aguilar debía ser recluido en la cárcel dado que podría reincidir en las conductas de las que es señalado por la Fiscalía.

El ente investigador estableció que presuntamente Aguilar lideraba una organización a través de la cual se postularon y desintegraron vehículos sin el lleno de los requisitos legales, utilizando documentos falsos, con el fin de obtener un beneficio económico.

Junto con Aguilar fueron enviados a la cárcel La Modelo Parmenio Reinelio Cuetami, y Juvenal Yantén Agredo, quienes eran empleados del líder sindical.

Entre tanto el juez le concedió la detención domiciliaria a Lida Piedad Sánchez y María Mabel Sánchez, también capturadas con Aguilar.

¿De qué es acusado Aguilar?

Según la investigación, Aguilar buscó aprovechar una resolución del Ministerio de Transporte en la cual el Estado colombiano le daba una serie de beneficios a los conductores que chatarrizaban y desintegraban sus vehículos de carga, en ese sentido la Fiscalía sostiene que Aguilar aprovechó que era el presidente de la ACC, y novio de una funcionaria del ministerio para presentar fraudulentamente camiones que no cumplían con los requisitos de la resolución 7036 de 2012, falsificando documentos, para adueñarse de los beneficios, que oscilaban entre los 35 y 80 millones de pesos.

“Usted señor Pedro Aguilar ayudó a la conformación de una empresa criminal, y era el encargado de dirigir y coordinar para manipular dentro del Ministerio de Transporte y las Secretarías de Transito, por intermedio de sus compañera sentimental, a personas que ayudaron a entregar carpetas originales de los diferentes vehículos, para luego ser adulterados y modificados (…) Su labor dentro de esta red criminal es la de ubicar y postular los vehículos que no cumplen con los requisitos de la resolución 7036 de 2012, en las que se especifican las condiciones de peso y dimensión de los vehículos”, señaló la Fiscalía, en la audiencia de imputación de cargos.

Las investigaciones contra Aguilar tomaron un nuevo rumbo, luego de que un exsocio del líder camionero, identificado como Andrés Villegas Ramírez, empezará a declarar contra él, además, la Fiscalía recaudó varias pruebas como documentos de los negocios de Aguilar e interceptaciones telefónicas, legalizadas por los jueces de la República.

El exvicepresidente de la Asociación de Camioneros del Valle del Cauca, Andrés Villegas, fue capturado en noviembre de 2014 dentro del proceso relacionado por estos mismos hechos. De acuerdo con la investigación, Villegas (ahora testigo de la Fiscalía) y el hermano de Pedro Aguilar, Luis Eduardo Aguilar, presuntamente hacen parte de una organización dedicada a obtener dinero por la chatarrización de vehículos que materialmente no existían, pero que eran armados de manera ficticia.

En la investigación, que involucra al hermano de Aguilar y a su exsocio, la Fiscalía estableció que con la reposición o designación del cupo para operar, en el caso de los vehículos de carga pesada, habrían estafado a terceros particulares a los que les vendieron los cupos que se les otorgó por parte del Ministerio de Transporte.

Para la Fiscalía, Aguilar fue la “cabeza” de la organización ilegal dedicada a la adulteración de documentos, y resoluciones entre conductores e integrantes del Ministerio de Transporte, para la obtención de dinero mediante esta modalidad.