El presidente de la República Iván Duque llega por primera vez este 2020 al Cauca, departamento que atraviesa crueles escenarios de violencia en diferentes localidades, en especial aquellas ubicadas al norte.

El último caso fue el atentado con arma de fuego contra el desmovilizado de las Farc Viyarmil Serna Andrade, o Juan Villao, hecho que sucedió en Santander de Quilichao luego que las autoridades regionales y militares adelantaran un consejo de seguridad, precisamente para tomar medidas para evitar esta clase de situaciones.

“La activación de la Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra No. 4, con jurisdicción en todo el departamento y la ubicación del puesto de mando estará entre Guachené y Puerto Tejada, y la unificación de la jurisdicción militar del Departamento bajo el Comando Especifico del Cauca permitirá afectar directamente los grupos armados que delinquen en esta zona y que están detrás de los homicidios”, dice el secretario del gobierno del Cauca, Luis Angulo.

Aun así, las muertes violentas aún se presentan en medio de una comunidad que no oculta el temor que siente al ver que todos los hechos suceden con los mismos patrones: personas que no son de la zona llegan a estas localidades y luego aparecen muertas.

En otros casos, aparecen torturadas o quemadas, como el caso del docente de Caloto, Efraín Cabal Rendón, quien apareció calcinado al interior de su automotor tras ser plagiado en dicho municipio.

Por eso, las autoridades entraron a evaluar la forma de operar en dicha zona para así anunciar una serie de medidas, con las cuales buscan enfrentar la situación. 

Esas disposiciones son redoblar las tareas de control de las unidades policiales y militares en los corredores viales de acceso a la zona, a la par con tareas de inteligencia e investigativas contra las organizaciones delincuenciales, como la disidencia de la Dagoberto Ramos y la Jaime Martínez de las Farc.

Las anteriores iniciativas también están respaldas por la operación Atalanta, que no es más que la implementación de una amplia estrategia en seguridad implementada en el norte del Cauca y sur del Valle para cerrarle el paso a los corredores usados por los delincuentes y contrarrestar así el narcotráfico.

Por eso, diario, son alrededor de 50 kilogramos de marihuana ‘cripy’ que la fuerza pública incauta en los retenes ejecutados en los corredores viales del norte del departamento, uno de los últimos casos fue la incautación de pequeño cargamento en la vía Santander de Quilichao -  Caloto, luego que las personas que lo movilizaban lo dejaran abandonado.

“Los controles en los accesos viales a estos lugares se reforzarán con más unidades, pero con más intensidad a la hora de su ejecución, la Policía está desde ya con el Ejército en las vías carreteables, así como otros corredores para bloquearle el paso al tráfico de estupefacientes, que en últimas es el combustible de los grupos delincuenciales que quieren acorralar a la población civil con su violencia”, dice el comandante de la Policía en el Cauca, coronel Rosemberg Novoa.

De igual forma, se ofrece una serie de recompensas a las personas que brinden información sobre los responsable de estos actos delictivos, con las cuales se espera den algún resultado.

En contraste con esa aseveración, está la versión compartida por líderes sociales de estos municipios, quienes se muestran preocupados por el mensaje retador de los hechos delictivos.

“Las muertes violentas cada día aumentan y a pesar de tener Ejército y Policía, la ola de inseguridad es realmente alarmante, a la delincuencia ya no le importa atacar a las personas en horas del día, en Caloto no ve que la institucionalidad local, departamental y nacional no se ve reflejada cuando se trata de protegernos”, relata un líder social de este municipio, quien exigió mantenerse en el anonimato.

Los anterior también se vive Buenos Aires, donde el Resguardo de Pueblo Nuevo denunció que familias de desmovilizados amenazados y asesinados, como Manuel Santos Yatacué Ramos, fueron sacadas de sus lugares de residencia y acompañadas hasta un espacio nativo ubicado en el sector de Cascajal para así salvaguardar sus vidas.

“En el sitio conocido como La Torre, en La Elvira, donde los grupos a margen de la ley se mueven en medio de los soldados, eso nos preocupa mucho porque no están cumpliendo con el ejercicio que debe hacer el Ejército, que es la de la garantizar la protección de la vida de los ciudadanos”, reza la denuncia hecha por el resguardo de Pueblo Nuevo.

Ese, entonces, es a grandes rasgos el escenario que enfrentará el presidente a su llegada, con el propósito de poner en marcha ese componente militar, con la esperanza de materializar ese anhelo de la comunidad campesina e indígena de vivir, por fin, en paz.