La juez 37 de Control de Garantías no acogió la petición de la Fiscalía General de la Nación de dictar detención carcelaria intramural a los 13 policías vinculados al crimen del profesor Francisco Javier Ocampo Cepeda y el patrullero Ólmer Olivero Blanco, y por tanto ordenó su libertad.

Los uniformados, sin embargo, continúan vinculados al crimen del docente y el patrullero, hechos ocurridos en agosto de 2013 en Cali tras un confuso operativo policial.

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Aunque la Fiscalía presentó en la audiencia que se realizó en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá, 28 pruebas entre ellas evidencias que demostrarían alteración de la escena del doble homicidio, la juez consideró que el ente acusador no pudo demostrar la acusación.

De acuerdo con la administradora de justicia, los imputados "no representan riesgo de obstrucción a la justicia, no representan riesgo de comparecencia, no representan amenaza a la comunidad. Por tanto este despacho se abstiene de imponer medida de detención preventiva en establecimiento de reclusión contra las trece personas mencionadas y, en consecuencia, se ordena su libertad inmediata".

Los señalados del doble crimen son el coronel William Eduardo Sánchez Roa, Subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, un Mayor, un Intendente y ocho Patrulleros de la Policía, quienes no aceptaron el cargo de homicidio agravado. 

Además, la Fiscalía les imputó solo a los oficiales los delitos de alteración de la escena del crimen y ocultamiento de pruebas. 

Los uniformados quedaron en libertad pero seguirán vinculados al proceso. Su abogado defensor, Jorge Obando, explicó que mientras la Fiscaía presenta el escrito de acusación "continuar con la parte probatoria, podrá recaudar muchas más pruebas y luego iremos a juicio probatorio que es lo más importante para este caso".