El acuerdo entre el Gobierno Nacional y las extintas Farc dejó sobre la mesa que los excombatientes, pese a llegar al legislativo e incluso reincorporarse a la vida civil, debían comparecer ante la justicia transicional para responder por los delitos cometidos en el marco del conflicto armado.

Durante esta semana esas obligaciones judiciales se recordaron aún más, luego de que Sandra Ramírez, excombatiente, llegó a un cargo directivo en el Congreso de la República, y que Rodrigo Londoño, conocido con el alias de ‘Timochenko’, anunciara que las personas, entre ellos niños y adultos, que estuvieron en las filas del grupo guerrillero, lo hacían de manera voluntaria.

Pese a su declaración, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se surten siete macroprocesos que vinculan no solo a exmiembros de las Farc sino también a personas civiles y de la Fuerza Pública, entre los cuales reposa un expediente directamente relacionado con el reclutamiento forzado.

En este macrocaso, la decisión más reciente fue emitida el pasado viernes, en donde el tribunal de paz aseveró que llamó a 14 personas de las extintas Farc a rendir versión voluntaria.

La decisión cobija a Rodrigo Londoño Echeverry, Jesús Mario Arenas Rojas, Abelardo Caicedo Colorado, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Juan Hermilo Cabrera Díaz, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Édgar López Gómez.

También a Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torre Victoria, Julián Gallo Cubillos, Rodolfo Restrepo Ruiz, Martín Cruz Vega, Luis Óscar Úsuga Restrepo y Jhon Jairo Pardo Hernández.

El tribunal de paz reveló que los comparecientes vinculados y citados a las versiones deben aportar información sobre la existencia, origen y evolución de la política que orientó o permitió la vinculación de los niños y las niñas al conflicto armado por parte de la organización armada que dirigían, eso sumado a las violaciones de los derechos que fueron consecuencia de dicha política.

Reclutamiento

Además de la última determinación, el tribunal de paz ha adelantado labores investigativas desde el 1 de marzo de 2019, momento en que se abrió el macrocaso 7, teniendo como resultado, hasta la fecha, 8.000 casos de reclutamiento que en su momento también documentó la Fiscalía General de la Nación, cuando las indagaciones las llevaba la justicia ordinaria.

“Los hechos que se investigan en este caso tratan sobre la vinculación de niños y niñas a la guerra por parte de las antiguas Farc y la Fuerza Pública, ya sea por su inclusión directa a las filas como combatientes o su utilización en actividades relacionadas con el conflicto que hayan puesto en riesgo su vida e integridad personal”, reposa en el auto que dio apertura al expediente.

De esta investigación, el reporte da cuenta que, 37 exmiembros de las Farc han sido vinculados en el proceso, entre los que se encuentran los 14 llamados a rendir versión, y se han acreditado víctimas que sufrieron daños indirectos por este tipo de delito.

El tribunal de paz cuenta con más de 500 informes de organizaciones de derechos humanos entre otras entidades, que revelan los vejámenes cometidos por los exmiembros de las Farc.

Otros macrocasos

La justicia transicional es el mecanismo creado para que los excombatientes rindan cuentas ante la justicia, así como en algún momento cumplió la misma función el tribunal de Justicia y Paz, para cuando se desmovilizaron las Autodefensas Unidas de Colombia.

En el caso puntual de la JEP, que cuenta con siete macrocasos, los más significativos para los colombianos son la retención ilegal o secuestro que corresponde al macrocaso número uno y las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, que se encuentra en caso número tres.

En el caso número uno, que fue creado desde el 4 de julio de 2018, se han acreditado 2.107 víctimas. “Este caso prioriza el secuestro de personas por parte de las Farc entre 1993 y 2012 e investiga más de 9.000 hechos ocurridos durante esos 19 años. 

En el marco de los informes recibidos por la JEP, reposa el del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), que aportó las ‘Revistas Noche y Niebla’, en las que se cuentan al menos 1.741 casos de “ejecuciones extrajudiciales”, presentadas como muertes en combate entre 1984 y 2011.

A su vez, la Fiscalía General de la Nación identificó 2.248 víctimas de “ejecuciones extrajudiciales” entre 1988 y 2014, de las cuales el 48% fueron hombres jóvenes entre los 18 y 30 años.

Así las cosas, después de depurar las bases de datos e informes entregados, la JEP ha identificado 4.439 víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado entre 2002 y 2008.

El caso número tres, tiene una particularidad y es su carácter nacional. Y a partir de la contrastación de los informes recibidos, la Sala de Reconocimiento ha priorizado la investigación para Antioquia, Meta, Cesar, Norte de Santander, Casanare y Huila.