La Contraloría General de la República realizó una auditoría a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en donde se encontraron hallazgos fiscales por $19.746.000.000 sobre su gestión en la vigencia 2016, según informó el organismo de control fiscal. En este caso se evidenciaron irregularidades en la firma de dos otrosí para la vía Ocaña- Gamarra, vinculada con el escándalo de Odebrecht.

De estos hallazgos, 4.729 millones de pesos corresponden al contrato de Concesión Ruta del Sol (Sector 2), en donde se evidenciaron cuatro faltas fiscales por la posible omisión de los requisitos previos para la celebración de los Otrosí 3 y 6 firmados para ese proyecto.

“Los estudios y las obras contenidas en los Otrosí No. 3 y 6, fueron adjudicadas de manera directa y no a través de un nuevo proceso de selección pública, desconociendo que las mismas no tenían relación directa y necesaria con el objeto inicial, pues no se requerían para lograr su finalidad y no se referían al mismo corredor vial, situación que hacía inviable la suscripción de los Otrosí”, señaló el ente de control. La Contraloría también señaló que esta situación ya se había determinado en vigencias anteriores y las acciones incorporadas por la ANI en su plan de mejoramiento para superar este hallazgo no fueron efectivas.  

La Contraloría también reveló un hallazgo fiscal por $15.016.000.000 que tendrían relación con la ejecución del contrato de concesión Transversal de las Américas. (Sector 1). Según la entidad, estas irregularidades se establecieron con las inversiones realizadas en las obras, que a la fecha no han sido funcionales, y por los ingresos no percibidos por concepto de los peajes de Cirilo y Río Grande. Finalmente, la Contraloría dio un concepto “desfavorable” a la gestión de la ANI y señaló que  emitió una opinión con salvedades sobre sus estados financieros, ya que no feneció su cuenta fiscal. Por otro lado, Juan Sebastián Correa, exasesor de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), quedará en libertad por orden del juez 12 con función de Control de Garantías, luego de que avalara el principio de oportunidad entre el procesado y la Fiscalía General de la Nación.

El acuerdo consiste en que durante un año no se le investigará ni se le adelantarán acciones judiciales por los delitos de tráfico de influencias, amenazas a testigos y falso testimonio, tres de los cuatro que le fueron imputados el pasado 21 de mayo.