Al resolver un recurso interpuesto por la defensa de José Francisco Vives Lacouture, la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia a 12 años proferida en su contra por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).

Vives Lacouture, según la investigación, fue uno de los beneficiarios de los subsidios que entregó este programa gubernamental a través del Ministerio de Agricultura, que para la época estaba en cabeza de Andrés Felipe Arias, recientemente deportado de Estados Unidos y procesado por este mismo escándalo.

Según expone la providencia, José Francisco, junto con Inés Margarita Vives Lacouture, presentó varios proyectos “aparentemente independientes que en realidad conformaban una unidad de explotación económica, circunstancia que les permitió acceder a montos acumulativos superiores a los previstos en las convocatorias, maniobras a través de la que se apropiaron de manera injustificada de recursos públicos”.

Por estos hechos, tanto a José Francisco como a Inés Margarita, la Fiscalía les endilgó los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado, en septiembre de 2011.

Sin embargo, en 2016, un juez anunció el sentido de fallo condenatorio respecto del delito de peculado por apropiación, y absolutorio en relación a la falsedad en documento.

Así las cosas, las penas fijadas quedaron de la siguiente manera: Inés Margarita fue condenada a 12 años y un mes de prisión y a pagar una multa por más de 900 millones de pesos, mientras que a José Francisco le fijó una pena de 12 años y seis meses de prisión y una multa de 1.332 millones de pesos.

Sin embargo, por medio de una apelación la defensa de José Francisco logró una rebaja en la pena a 140 meses de prisión y una multa de 552 millones de pesos.

Pese a que José Francisco y su abogado consiguieron una rebaja en la pena y el monto, ambos, llevaron el caso ante la Corte Suprema para que su caso fuera revisado.

La Corte estimó que la actuación de José Francisco “dio lugar a la apropiación ilegal de dineros del Estado quien presentó un proyecto propio y otros a nombre de la junta directiva de Inversiones Santa Inés para obtener los apoyos económicos”.

Por esta razón dejó en firme la pena, aduciendo, también que no hubo ninguna irregularidad en el proceso judicial que se realizó en su contra.