El accidente del bus de matrícula colombiana en territorio ecuatoriano, que dejó 24 personas fallecidas y 22 heridas, encendió la polémica sobre el control que deben ejercer las autoridades frente a las empresas y vehículos que prestan el servicio.

Aunque de las causas de la tragedia poco se sabe y las autoridades, tanto nacionales como ecuatorianas, avanzan en las investigaciones, queda claro que existen serias irregularidades en el control de este tipo de transporte, no solo dentro del país sino en las zonas de frontera.

A estos temas respondió el superintendente de Puertos y Transporte, Javier Jaramillo, quien señaló que hace falta mayor control para los vehículos y responsabilizó de los hechos a la empresa CotransEspeciales del Oriente, con sede en Cúcuta.

¿Por qué logra el bus evadir tantos controles?

Los documentos que se presentaron cuando lo pararon las autoridades mostraban que todo estaba en regla, hay presunción de legalidad. Allí el policía ve los documentos y dice siga, pero no tiene cómo comprobarlos y por ello es que propusimos tener un Formato Único de Extracto de Contrato (FUEC) electrónico, que valide frente a las entidades y frente a los requerimientos para poder despachar un vehículo.

¿Pero la persona que conducía al momento del accidente tampoco tenía licencia?

Creemos que al bus lo pararon antes de cruzar la frontera y quien manejaba en ese momento era el segundo conductor, quien tenía la licencia falsa. Allí vemos toda una cadena de falsedades. El representante legal de la empresa, Gino de Jesús Moreno, también señala que el contrato era falso y que falsificaron las firmas del FUEC, pero eso no convence.

¿Quiénes son los responsables entonces?

La empresa. En el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, vimos que el vehículo tenía vigente la tarjeta de operación expedida desde 2017 y esto tiene una duración de dos años, es decir, hasta 2019. Es por esto que la responsabilidad de la empresa si expide una tarjeta de operación y tiene un vehículo afiliado, es que chequee los planes de mantenimiento y de trabajo.

¿Qué sanciones se pueden aplicar en este caso?

Desde nuestra parte solo podemos sancionar a la empresa. Estamos esperando los resultados de la investigación, pero la multa puede ir de 1 a 700 salarios mínimos, eso es algo más de 510 millones de pesos, así como también se le podría cancelar la habilitación de la placa, es decir, se acabaría la compañía.

¿Qué tan sencillo es conseguir documentos falsos para transitar en el país?

El sistema de transporte informal en Colombia cubre entre el 40 y 50 por ciento en carretera. Los piratas siguen expidiendo tarjetas de operación, pese a que hemos aumentado los controles, pero es que no es solo responsabilidad nuestra el tema sancionatorio, sino también una política desde el Ministerio de Transporte y ahí se está fallando, hay debilidades.

Es decir, ¿no se está sancionando?

Sí, pero no se está teniendo en cuenta cuando un vehículo  cumplió su ciclo y se sigue expidiendo tarjetas, cuando debe ir a chatarrización. Controlar eso es un gran problema latente.

¿El control en las vías?

Nuestro grupo operativo es la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía. El número de vehículos de servicio especial que está transitando asciende a cerca de 112.000, de servicio intermunicipal son casi 38.000 y cuando van los de carga son como 400.000. Si uno suma eso, el total de vehículos de servicio público son 950.000 y hay casi 8.000 policías que cubren las vías de los 32 departamentos, teniendo en cuenta que muchas veces los utilizan para vigilancia. ¿A qué horas puede haber control?

¿Quién debería hacer el control fronterizo?

Desde mi punto de vista, Migración Colombia. Pero, como mínimo, sí tendría que haber un permiso para salir del país. Ellos deben ser los encargados de controlar el tránsito en la frontera.

¿Qué pasó con la carta  de Migración en la que alerta sobre el transporte informal?

Sí, nos hicieron llegar una carta donde advertían sobre esta situación y nosotros lo que hicimos fue un borrador de resolución dirigido al Ministerio de Transporte para regular esto. Sin embargo, no obtuvimos respuesta, ese documento se engavetó y Migración no nos envió más información sobre el caso.  

¿No insistieron?

Hablamos con el exviceministro de Transporte, Andrés Chaves, pero hasta ahí. Le enviamos una carta a Migración Colombia diciéndole que eso no había salido, para que ellos de alguna u otra forma también buscaran a la cartera, pero no pasó nada.

 ¿Qué consecuencias tiene que esté engavetada?

Esto no hubiera resuelto o prevenido el accidente, porque lo más seguro es que en algún momento se presentara otro. Pero sí hubiera facilitado un control más riguroso y con más conciencia. Aquí se está olvidando que los pasajeros también tienen una responsabilidad enorme.