La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) entregó su último informe del año 2015, en donde afirma que 214 periodistas recibieron agresiones directas, así como 14 medios de comunicación. Además, se registraron 58 amenazas y 36 obstrucciones al trabajo periodístico.

La FLIP afirmó que las agresiones provienen principalmente de particulares y desconocidos. Pero también a propósito de las denuncias de la periodista Vicky Dávila sobre presuntas interceptaciones por parte de la Policía, el organismo recalcó que desde febrero de este año venían advirtiendo sobre la problemática de seguimientos ilegales por parte de agentes estatales contra periodista.

Dentro del llamado que hace la Fundación también se afirma que “es preocupante que, 15 años después de creado el sistema de protección a periodistas en riesgo por razones de su oficio, se sigan presentando falencias en la implementación”, y que sigue vigente la impunidad frente a las investigaciones y casos que se abre, después de denuncias o ataques.

“La impunidad en las investigaciones judiciales por las agresiones contra la prensa sigue siendo la regla. Se destacan las tres prescripciones de procesos por asesinatos de periodistas y las constantes demoras para llevar a término los juicios en contra de los victimarios de Jaime Garzón y de Jineth Bedoya, quienes llevan más de una década buscando justicia”, recalcan.

La autocensura

La Fundación hace énfasis en las dificultades de la prensa en las regiones, en donde se hace más difícil ejercer este tipo de profesiones, no solo por el conflicto armado sino también por las relaciones que llegan a tener los medios de comunicación con grupos políticos y económicos, afectando los niveles de objetividad y la forma en la que se cuentan los sucesos en el país.

El informe señala que pese a que se evidencia una disminución de las agresiones y amenazas, “en lo que va de este año, se han presentado dos muertes y 60 amenazas. El periodismo se sigue ejerciendo en un ambiente adverso a la libertad de expresión, que recurre a la violencia como forma de censura, especialmente en las regiones”.

En la investigación también se tocan temas como “el sobre de manila”, en donde la pauta y el cobro que hacen algunos periodistas llevan a tergiversar la información.

“Según el Índice de Libertad de Expresión y Acceso a la Información Pública en Colombia, realizado por el Proyecto Antonio Nariño (PAN) más del 50% de los periodistas conoce a un colega que cobra por hacer entrevistas, casi el 70% modifica su posición por pauta, y más del 60% presiona o intimida para obtener cuantiosos contratos publicitarios”, señalan.

Para estos temas se focalizan en el departamento de Córdoba, en donde afirman “que las buenas relaciones dependen de cuánto pague el político”, y de dónde pueden llegar los periodistas, pues en el “Sur de Córdoba sigue siendo un área donde la libertad de prensa está amordazada por grupos ilegales. Montelibano, Puerto Libertador, Tierralta, San Juan de Uré y La Apartada continúan siendo zona roja para el periodismo”.

En el informen también se hace énfasis en la discriminación de género que se presenta en ese departamento y que se repite en Colombia, pero también se destaca la necesidad de cambiar la forma en la que se cubren varios temas, desde el aspecto centralista, hasta el poder de la pauta o los grupos que influyen en los medios, considerando que se está ad portas de una posible firma de paz con las Farc.

Lo que se reconoce

La FLIP resalta algunas iniciativas que ha emprendido el Estado para dar más garantías al ejercicio periodísticos, y sobre las cuales se está a la expectativa sobre el impacto que éstas puedan tener.

“El Ministerio del Interior está creando una política pública que pretende garantizar la libertad de expresión de las personas que ejercen la actividad periodística; la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas está adelantando un proceso de reparación colectiva al periodismo; y el Centro Nacional de Memoria Histórica presentó un informe sobre la violencia con la prensa en el conflicto. Todavía está pendiente saber el impacto que tendrán estas iniciativas”.

Bogotá | Colprensa