La guerrilla del Eln informó en la tarde de este jueves desde Quito (Ecuador), que la retención del político chocoano Odín Sánchez Montes de Oca obedece a que se le está realizando “un juicio político”.

Así lo advirtió uno de los voceros del grupo armado ilegal, alias ‘Pablo Beltrán’, quien leyó un comunicado en el que advierte que “las dos delegaciones estamos de acuerdo en agilizar la puesta en libertad de Odín Sánchez, y de los dos presos políticos ‘elenos’ que deben ser indultados por el Gobierno”.

Este punto se ha convertido en la principal traba para el inicio de la fase pública entre el Gobierno colombiano y ese grupo subversivo, pues mientras en Ejecutivo insiste en que para iniciar formalmente la mesa de diálogo es necesario que el político chocoano quede en libertad. Incluso, el jefe negociador, Juan Camilo Restrepo, ha reclamado pruebas de supervivencia.

Pero el Eln, a través de ‘Pablo Beltrán’, insiste en que la libertad de Sánchez debe darse “de forma simultánea” a la de los dos guerrilleros presos que deben ser indultados para que actúen como ‘garantes de paz’.

En el comunicado de este jueves, el vocero del ELN señala que “persiste una diferencia sobre los delitos que puedan ser indultables, esperamos resolverla una vez se reinicie la mesa”.

Las dos partes acordaron, a petición del Eln, retomar los acercamientos el próximo 10 de enero en Quito (Ecuador), pues el grupo subversivo argumento que necesita hacer “consultas internas”.

Frente al tema de los indultos, el Eln insiste en que puede cobijar a sus integrantes que ocasionado bajas “en combate”, mientras el Gobierno sostiene que no puede cobijar a personas “condenadas por homicidio”.

Respecto de la retención del excongresista del Chocó, ‘Beltrán’ explicó que “la retención de que es objeto Odín Sánchez busca hacerle un juicio político a él”, y agregó que se “espera resolver esa situación” antes de que se reinicie la mesa de conversaciones, el próximo 10 de enero.

‘Pablo Beltrán’ también le pidió a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y al Comité Internacional de la Cruz Roja que “investiguen la intensificación de operaciones militares” y verifiquen que “la acusación del Gobierno” sobre los ataques a la población indígena del corregimiento Virudó, del municipio de Bajo Baudó, en Chocó.

“El Gobierno nos acusa de actuar contra la población indígena, esta no es nuestra conducta y el pueblo del Chocó lo sabe”, afirmó el vocero del grupo ilegal, en referencia a los señalamientos de que por culpa de un artefacto explosivo falleció una menor en las últimas horas.