Desde Cuba, donde se cumple el ciclo 38 de negociaciones con el Gobierno, la guerrilla de las Farc pidió celeridad en la mesa para anunciar un acuerdo en el punto de víctimas, tema cercano a cumplir un año en discusión en La Habana.

“Reiteramos nuestro empeño en alcanzar un pronto acuerdo sobre Víctimas (…) hemos avanzado en la definición del componente de Reparación del Sistema y urgimos al Gobierno a cerrar en breve un acuerdo sobre ello, que entendemos hoy está prácticamente consensuado”, explicó el comandante guerrillero ‘Rodrigo Granda’.

Esto en momentos en que el propio presidente Juan Manuel Santos ha insistido en que, pese a los avances que representó la creación de la Comisión de la Verdad, se necesitan pasos concretos en materia de reparación y de justicia para alcanzar un nuevo acuerdo parcial.

Sí al desarme

De otro lado, reafirmaron su intención de realizar un desarme, pero pidieron garantías para que no se repita el fenómeno paramilitar en el país.

En un comunicado la insurgencia advirtió que el desmonte de las estructuras paramilitares, es un requisito para la participación política que esperan tener una vez firmada la paz.

“Reafirmamos nuestra decisión de hacer dejación de las armas pero antes deben tomarse medidas para impedir que tengamos que contemplar impasibles como vuelve a producirse en Colombia el exterminio de una fuerza política nacida de un acuerdo de paz, tal como ocurrió con la Unión Patriótica (…) queremos convertirnos en una organización política abierta con derecho a pensar y disentir”, explicó la guerrilla.

En ese sentido las Farc presentaron un informe donde advierten cuáles son las regiones donde supuestamente se estaría gestando una reparamilitarización.

El documento dice que tras la desmovilización de paramilitares en Putumayo, a inicios de 2006, continuaron operando unidades dedicadas especialmente a proteger el negocio del narcotráfico, afectando zonas como La Dorada-San Miguel, Valle del Guamuéz, Puerto Caicedo y Puerto.

También mencionan que en el Meta, en los municipios de Mapiripán y El Castillo, continúa una oleada de violencia a mano de estructuras paramilitares, que según ellos, coincide con el avance del proceso de socialización del Área de Perforación Exploratoria – APE Guarupayo.

“Colombia debe entender que ello es garantía previa para que puedan los militantes de las FARC-EP incorporarse a la vida civil sin riesgo para sus vidas y su integridad por ejercer actividad política en democracia”, concluyó la insurgencia.

*Bogotá | Colprensa