La Procuraduría General de la Nación reiteró su llamado al Gobierno Nacional para que convoque de manera urgente la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y junto con la sociedad civil y las organizaciones que allí tienen asiento, se evalúen las amenazas y las acciones a tomar frente al asesinato de líderes sociales.

El pronunciamiento de la entidad se dio tras la condena que hizo el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo Flórez, por el asesinato de siete líderes sociales y defensores de tierras en la primera semana del año en Colombia, que generado un ambiente de zozobra y de preocupación en el país.

“Es inaudito e inadmisible que ante el llamado de los líderes en las regiones este baño de sangre no se detenga y que los once compromisos del Pacto por la Vida y la Protección de Líderes Sociales y Personas Defensoras de Derechos Humanos, suscrito el pasado 23 de agosto en Apartadó – Antioquia, sigan sin cumplirse”, advirtió Carrillo Flórez.

El procurador fue enfático en asegurar que “los esquemas de protección personal y la necesidad de un cambio de fondo, más allá de la retórica y las buenas intenciones” fracasó, por lo que conminó al Gobierno y a los organismos de protección e investigación a adoptar medidas que prevengan nuevos hechos que enluten al país, y que permitan identificar a los autores materiales e intelectuales.

Asimismo, lamentó que al término de 2018 no se lograran alcanzar las metas en la reducción de atentados contra la vida de líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores de derechos humanos, y que el país siga sin contar con una fuente que centralice y valide las cifras de esta tragedia.

Según cifras de la Policía Nacional, el año pasado las víctimas de estos asesinatos llegaron a 78, para el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo fueron 164 (153 hombres y 11 mujeres),  y para organizaciones sociales como Marcha Patriótica los crímenes llegaron a los 252.

En lo que tiene que ver con víctimas de los pueblos étnicos, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –Codhes- elaboró una línea de tiempo desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, que identificó más de 350 líderes y lideresas sociales asesinados. Sólo en 2018 el reporte fue de 53 líderes sociales étnicos asesinados (20 afrodescendientes y 33 indígenas).

Informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH, señalan que entre noviembre de 2016 y el 26 de diciembre de 2018 reportan 454 casos, de los cuales 163 fueron verificados por la misión en Colombia.

Solicitudes de protección

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, informó que en lo corrido del año el Gobierno Nacional ha recibido 1.200 solicitudes de protección por parte de líderes sociales, un hecho que hace más difícil de manejar la situación.

La declaración la hizo la ministra del Interior al término del primer Gabinete de Paz, que tuvo como eje central el reciente asesinato de varios líderes sociales en diferentes municipios del territorio nacional. Gutiérrez aseguró que el Gobierno garantizará la persecución de los grupos organizados al margen de la ley que viene generando amenazas contra líderes sociales.

“Manifestamos nuestra solidaridad con las familias víctimas de esta situación y con los líderes en general. Continuaremos con nuestro plan de acción oportuna desplazándonos hacia los territorios, como se viene haciendo desde el mes de diciembre con la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Fuerza Pública, los gobernadores y los alcaldes”, agregó la ministra.

Gutiérrez también señaló que la Unidad Nacional de Protección tomó la decisión de brindarles protección a los cinco hijos de Maritza Quiroz, la líder social asesinada recientemente en Santa Marta. 

Por su parte, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, insistió en la necesidad de que los grupos armados ilegales dejen de dirigir sus armas  y acciones delictivas contra los líderes sociales.

“Vale la pena recordar que la Fiscalía General de la Nación tiene 18 órdenes de captura contra el Eln por el asesinato de líderes sociales y 26 órdenes de captura por el asesinato de doce exmiembros de las Farc. Es muy importante que Colombia entienda y sepa que los asesinatos de líderes también son dirigidos por estos grupos que no han querido acogerse a la paz”, dijo Ceballos.