El Ejército, en un comunicado publicado el pasado sábado, manifestó que el manejo de los recursos para combustible es responsabilidad de cada uno de los componentes que conforman la Fuerza de Tarea “y no de su comandante operacional”.

Esta es su respuesta luego de que la revista Semana, en su más reciente edición, se refiriera a dos casos en los que se ven implicados altos mandos de la institución.

El primero tiene que ver con un supuesto desvío de recursos destinados para combustible en la Fuerza de Tarea Titán. La revista señala que conoció testimonios de militares que aseguran que, siendo comandante de la Fuerza de Tarea Titán, el general Mauricio Romero, actual comandante de la Segunda División, malversó alrededor de $1.500 millones destinados para combustible.

Al respecto, el Ejército aseguró, en el comunicado, que el general Moreno “no tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades de que trata la nota periodística”.

En otro punto agrega que la institución continúa con su labor de cero tolerancia con la corrupción y respeta la presunción de inocencia y el debido proceso “cuando de sus tareas puedan derivarse actuaciones que los contraríen”.

¿Y el segundo punto?

El artículo titulado “El general en su laberinto, los secretos de la cacería que involucra al comandante del Ejército” tiene que ver con una labor de contrainteligencia que debían realizar los hombres de la institución, bajo dos misiones que fueron denominadas Mercurio 146 y Malaquía.

Según Semana, el Ejército usó documentos para legalizar la labor de contrainteligencia, en procesos que se ejecutaron dentro de la misma institución con el objetivo de “dar con los responsables” de contar lo que sucede en la institución.

Esta denuncia deriva de las revelaciones del New York Times en marzo pasado, las cuales indicaron, con fuentes anónimas, que en el Ejército se estaban promoviendo directrices de letalidad, es decir, de presuntamente aumentar las cifras de dados de baja en combates.

Citando el pliego de cargos de la Procuraduría contra el general Eduardo Quirós y contra el segundo al mando en la unidad, el teniente coronel William Medina, las órdenes para “cazar” a quienes estaban suministrando información fueron entregadas por el comandante del Ejército, es decir, por el general Nicacio Martínez, aunque el alto oficial ha negado en varias ocasiones estas acusaciones.

En otro comunicado, el mismo sábado, el Comando del Ejército asegura que desde junio realizaron acciones administrativas para esclarecer las circunstancias e identificar a los responsables de los hechos publicados por la revista.

No obstante, el Ejército hizo una “invitación” a medios y organismos de control, “a respetar la reserva legal de las investigaciones... En pro de los principios fundamentales, como la presunción de inocencia, debido proceso, derecho a la defensa, honra y buen nombre del personal que sea parte de las mismas” investigaciones.