“Nunca pensé que algo así pudiera llegar a ocurrir”. Así inició su declaración, en una carta pública el 5 de noviembre de 2015, el expresidente Belisario Betancur, al pedir perdón sobre lo que ocurrió 30 años atrás en el centro de Bogotá, luego de que la guerrilla del M-19 se tomara por la fuerza el Palacio de Justicia, en uno de los días más oscuros de la historia de Colombia.

El Holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 y que dejó cerca de 100 muertos, fue sin duda uno de los hechos que marcaron el gobierno de Belisario Betancur, entre 1982 y 1986, que a la postre significó un gran golpe político para el jefe de Estado y lo convirtió en uno de los exmandatarios más silenciosos del país.

Fueron 30 años de silencio que se rompieron con una carta previa a un acto de perdón a las víctimas por parte del Gobierno Nacional, en cabeza en ese momento del presidente Juan Manuel Santos, en cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida el 14 de noviembre de 2014, donde se señaló al Estado como responsable de desapariciones y otros crímenes.

Si bien el expresidente Betancur había expresado en algunas oportunidades que asumía su responsabilidad por los hechos que se suscitaron en la retoma del Palacio, no había pedido perdón de manera directa al país por lo sucedido en la principal sede de justicia, que tiene como sus principales responsables a los miembros del M-19, que se tomaron la sede ese fatídico 6 de noviembre de 1985.

En su declaración, el exjefe de Estado reconoció que debió tomar más previsiones para evitar el suceso. “Pasados tantos años y en el contexto de nuevas realidades desconocidas entonces, miro hacia atrás y veo que se debieron tomar aún mayores precauciones para preservar todas las vidas y para garantizar un mejor manejo del lugar de los hechos donde fueron vilmente sacrificados numerosos ciudadanos”.

Betancur señaló que como Presidente de la República en ese entonces “considero que, a pesar de la vulneración del espíritu de quienes ante la toma sangrienta del Palacio por el M19, defendían a su saber y entender la Constitución y las Leyes, nada podría justificar el exceso del uso de la fuerza frente a la situación en la que se encontraban seres humanos inocentes e inermes”.

Por eso, “nuevamente pido perdón porque hoy sé que mis actuaciones causaron inmenso dolor a los familiares de las víctimas y tanto dolor histórico al país; y reitero que haría cualquier cosa para aliviarlo. El dolor ha estado siempre en mi mente durante treinta años”, y reconoció que “nuestra memoria y la del país, estarán incompletas hasta cuando podamos conocer el paradero de todos los desaparecidos”.

El expresidente aseguró también en ese momento que no “existe justificación” para que los guerrilleros hayan asaltado violentamente la sede de la justicia “al irrumpir en ella a tiros, matando y sacrificando a sus excelsos representantes, a sus colaboradores y a los visitantes del sagrado recinto”.

Manifestó que siempre estuvo “a disposición de la justicia” y por eso asistió a rendir declaración cuando fue solicitado por los diferentes organismos del Estado, para buscar aclarar los hechos que allí pasaron durante esos dos días de violencia, que marcaron al país.

“Jamás he tenido el ánimo de guardar silencio sobre acontecimientos tan atroces como la desaparición y la tortura de personas, que bajo ninguna circunstancia se pueden aceptar. Al contrario, soy partidario de que se sepa toda, toda, toda la verdad, lo que en algo aliviaría tanto dolor de los familiares de las víctimas y de la sociedad. Y he dejado toda conclusión al juicio de la justicia y al juicio de la historia”, expresó en su escrito.

Finalmente, el exjefe de Estado resaltó ese día que “la tragedia del Palacio de Justicia es un dolor de la patria entera, y nunca debió ocurrir. Así como lo es dolor de la patria el haber aniquilado la llegada de la paz, que en aquel entonces se concretaba con la Unión Patriótica”.

La declaración del expresidente, sobre los hechos dolorosos del palacio de justicia

A pesar de las conocidas diferencias que separan a los colombianos, Colombia hoy está unida por una doble realidad, llena de esperanza, la una, ante la cercanía de la paz, de la que fui, soy y seré buscador; y por la tristeza, de la otra, ante el justo dolor por lo que sucedió en el Palacio de Justicia de Bogotá el 6 y 7 de noviembre de 1985, y que nunca más debe volver a ocurrir.

Esos hechos y la justa tristeza acumulada en tantos compatriotas, excede la conciencia individual, y excede mi propia conciencia. Nunca pensé que algo así pudiera llegar a ocurrir.

Se ha dicho que debí tomar más previsiones para evitar ese horrible suceso. He declarado por más de 80 horas ante la justicia que las instrucciones que impartí a la Fuerza Pública, fueron que la vigencia de la Constitución en el Palacio se garantizara con el salvamento de la vida de los eminentes magistrados, de los hombres y mujeres que se encontraban dentro del Palacio; y de los guerrilleros a los cuales se ofreció un juicio civil justo, que se negaron a aceptar.

Pasados tantos años y en el contexto de nuevas realidades desconocidas entonces, miro hacia atrás y veo que se debieron tomar aún mayores precauciones para preservar todas las vidas y para garantizar un mejor manejo del lugar de los hechos donde fueron vilmente sacrificados numerosos ciudadanos. Las pérdidas humanas me duelen en el alma y sé que duelen justamente a todos: las de los beneméritos magistrados, las de los rehenes, la del magistrado Urán; las de los militares y policías; y la de tantos otros.

Nuevamente pido perdón porque hoy sé que mis actuaciones causaron inmenso dolor a los familiares de las víctimas y tanto dolor histórico al país; y reitero que haría cualquier cosa para aliviarlo. El dolor ha estado siempre en mi mente durante treinta años. Asimismo he tenido presente el justo reclamo de la verdad por quienes sobreviven, muchos de ellos buscando a sus seres queridos. Nuestra memoria y la del país, estarán incompletas hasta cuando podamos conocer el paradero de todos los desaparecidos.

Como jefe de Estado en ese entonces, considero que, a pesar de la vulneración del espíritu de quienes ante la toma sangrienta del Palacio por el M19, defendían a su saber y entender la Constitución y las Leyes, nada podría justificar el exceso del uso de la fuerza frente a la situación en la que se encontraban seres humanos inocentes e inermes.

Tampoco existe justificación para que los guerrilleros hayan pretendido obligar a reanudar unas conversaciones que estuvieron permanentemente abiertas; ni para que los asaltantes violaran la sede sagrada de la justicia, al irrumpir en ella a tiros, matando y sacrificando a sus excelsos representantes, a sus colaboradores y a los visitantes del sagrado recinto. 

Inmediatamente después de que ocurrieron aquellos acontecimientos, ordené adelantar investigaciones que condujeran a clarificar y señalar las responsabilidades sobre lo ocurrido; y a remitirlas a la justicia correspondiente.

De mi parte, he estado siempre a disposición de la justicia. En tal sentido he hecho declaraciones ante el Tribunal Especial de Instrucción Criminal creado siete días después de los hechos, por el decreto número 3300 de 1985, del Presidente de la República a sugerencia de los Magistrados sobrevivientes; seguí concurriendo ante la justicia durante los nueve meses que me restaban de gobierno. Y lo proseguí haciendo ya en mi condición de expresidente.

Fue así como rendí declaración ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la cual decidió que no había lugar a acusación alguna contra el Presidente de la República y archivó el expediente; declaré también ante el juzgado 30 de Instrucción Criminal por más de treinta horas; nuevamente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara el 18 de noviembre de 1988; ante la Honorable Corte Suprema el 4 de julio de 1990; ante la comisión de la Verdad creada e integrada por la Honorable Corte, en octubre de 2005; a la Fiscal Cuarta Delegada ante la Corte, declaración que duró dos días en diciembre de 2005; y que se realizó de nuevo el 15 de agosto de 2008.

Es visible, por tanto, que no he guardado silencio; que he atendido y continuaré atendiendo todos los requerimientos que la administración de justicia me ha hecho y que me haga en el futuro. Repito que nunca he estado a favor del silencio, menos cuando se trata de establecer responsabilidades, como suele afirmarse. Al dejar la Presidencia, según expresé antes, permanecí en el país para estar sin intervalos a disposición de las autoridades competentes y de la verdad. Nunca he pensado en escribir libro alguno sobre tales hechos, porque no litigo ante la letra escrita, sino que declaro siempre ante la autoridad competente. Y nunca di instrucción alguna para que sobre aquellos terribles sucesos se realizaran pactos de silencio, según se afirma con ligereza.

Jamás he tenido el ánimo de guardar silencio sobre acontecimientos tan atroces como la desaparición y la tortura de personas, que bajo ninguna circunstancia se pueden aceptar. Al contrario, soy partidario de que se sepa toda, toda, toda la verdad, lo que en algo aliviaría tanto dolor de los familiares de las víctimas y de la sociedad. Y he dejado toda conclusión al juicio de la justicia y al juicio de la historia.

La tragedia del Palacio de Justicia es un dolor de la patria entera, y nunca debió ocurrir. Así como lo es dolor de la patria el haber aniquilado la llegada de la paz, que en aquel entonces se concretaba con la Unión Patriótica. 

Por el bien de la patria, veo ya muy cerca la cara de la paz, en los diálogos de La Habana. Ruego a Dios  que esa paz, que sé que es anhelada de una u otra manera por todos los colombianos, llegue pronto a nuestra patria, llena de dolor pero también hoy llena de esperanza.