Las más de mil hectáreas sembradas con coca en zona rural de Jamundí les podrá generar este año al narcotráfico y a los grupos armados ilegales ganancias por más de $540 billones en el mercado internacional.

Traducido a cifras de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, las 5.500 toneladas de cocaína que pueden procesarse de la hoja cultivada en los corregimientos de este municipio equivalen a dos veces el Presupuesto General de la Nación, fijado para este año en $271 billones.

Ese es el botín que persigue el crimen organizado y que convirtió en escenario de disputa los corregimientos de Villa Colombia, San Antonio, La Liberia, San Vicente y La Meseta, donde días atrás fueron asesinadas cinco personas e incinerados dos vehículos; la tercera masacre cometida por grupos armados en los últimos meses.

La realidad tras esta ola de violencia, explica la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, es que se han incrementado los cultivos ilícitos y lamentablemente el municipio no quedó dentro del programa de sustitución de cultivos del Gobierno Nacional.

“El 4 de febrero tenemos cita con el Presidente y le vamos a pedir que apoye un programa especial para Jamundí como el plan frutícola y arrocero porque es muy importante llegar con la Fuerza Pública, pero también debemos llegarles a los campesinos con programas sociales”, dice la Gobernadora.

Por su ubicación estratégica, Jamundí les ofrece a los grupos armados ilegales cercanía a la vía Panamericana, transporte fácil de insumos y una autopista fluvial para el traslado de la droga hacía el Pacífico a través del corredor del Naya. De ahí la disputa criminal por el territorio.

A esa zozobra que se apoderó de la montaña hace varios meses se suman nuevos ingredientes que tienen en alerta a los organismos de seguridad del Estado, como los nuevos riesgos para el Valle como el regreso de Estados Unidos de 98 de los llamados ‘extraditables’.

Estos antiguos capos, en su mayoría del cartel del Norte del Valle, se han reunido con grupos armados como La Alianza (Cali), La Cordillera (Risaralda) y La Local (Buenaventura) con el fin de rescatar caletas, recuperar bienes en manos de testaferros y establecer conexiones para reiniciar en el tráfico de drogas.

Al respecto, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Manuel Antonio Vásquez, recalcó que los capos que han regresado al país representan un riesgo, pero no una amenaza. “Lo importante es que la Policía tiene hoy un contexto que antes no había y estamos en capacidad de anticiparlos”.

Preocupa también, según el informe, la presencia de ‘emisarios’ mexicanos de carteles de la droga como Los Zetas, Jalisco Nueva Generación y Cartel de Sinaloa, que estarían asegurando la compra directa de cocaína de alta pureza, el envío de cargamentos a través del Pacífico y evitar intermediarios en las negociaciones.