Para verificar la situación y garantizar la seguridad y el bienestar de la población.
Ejército hace presencia en Bojayá tras denuncia de presencia del Clan del Golfo
Tropas de la Séptima Brigada del Ejército actualmente desarrollan operación militar en Bojayá (Chocó), luego de conocerse que el municipio tiene presencia de miembros del Clan del Golfo y tienen, posiblemente, confinada a la población.
El Ejército informó que al menos 100 uniformados adelantan las labores en cumplimiento de la alerta temprana emitida en 2019.
"Este Comando ha ordenado la inserción de 50 hombres más, con el objetivo de contrarrestar las intenciones de los grupos armados organizados del Eln y el Clan del Golfo, que buscan hacerse con el control de las rutas del narcotráfico en esta zona del departamento", dice el documento del Ejército.
Además de ello, en las próximas horas el comandante de la División se desplazará al sitio de los hechos, con el fin de verificar la situación y garantizar la seguridad y el bienestar de la población civil que habita en esta región.
La insersión de tropas en dicha zona se conoció luego de la denuncia que promovió la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en la que dejó claro que miembros del Clan del Golfo habrían ingresado al municipio amenazando e intimidando a los habitantes.
La situación ocurrió antes de que terminara el 2019 y había sido pronosticada tiempo atrás cuando los bojayaseños denunciaron que temían que una masacre como la ocurrida en 2002 volviera a pasar.
Se espera que una vez el comandante llegue a la zona y verifique la situación, entregue un reporte de lo que ha ocurrido.
La denuncia
Lo que denuncian en esta oportunidad se registra en la comunidad Pogue (Bojayá). Y confirman que las personas que lograron salir del cerco en los que lo tenían el grupo al margen de la ley, fueron amenazados con asesinar a lideres que les denuncien.
La situación no es nueva para los pobladores de Bojayá la inminente presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Clan hace de Bojayá un lugar "invivible" dado que persiste el temor, por lo que los líderes silenciosamente abandonan los territorios.
Lo que denuncia la Comisión es que los amedrentamientos a los que son sometidos los bojayaseños se hacen en medio de la presencia de la Fuerza Pública.
“Las AGC (Clan del Golfo) afirmaron que iniciaban un cese unilateral pero las presiones sobre las comunidades se han cualificado. Les han obligado a cesar denuncias, a recibir regalos de navidad y reses”, dijo la Comisión por medio de su cuenta de Twitter.
En este caso, la Comisión denuncia que la presencia de los grupos al margen de la ley ha persistido durante 2016 en cascos urbanos y rurales. “El poder de las AGC es evidente ante una inexistente o débil institucionalidad que ampara o está coptada en casi todos los niveles a través de una estrategia armada de tipo paramilitar que asegura negocios”.
Además de Bojayá, la Comisión denunció que este tipo de hechos ocurren en Necoclí, Turbo, Apartadó, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba, Belén de Bajirá, Carmen del Darién, Riosucio, Frontino y Urra.
La situación de temor y confinamiento que ha padecido la población bojayaseña no es un suceso nuevo para el Estado colombiano, pues durante la entrega de cuerpos de la masacre ocurrida en dicho lugar, los habitantes señalaron que estaban ante una “bomba de tiempo” porque con la presencia de los grupos al margen de la ley temían que una situación como la ya ocurrida se volviera a presentar.
Los bojayaseños hicieron un llamado al Gobierno para que volcará su mirada a este sector del país. Colprensa meses atrás conoció de un posible atentado terrorista que se registraría a la Estación de Policía en Vigia del Fuerte (Antioquia), lugar que queda en la ribera del Río Atrato, frente a la población de Bojayá.
Lo que inicialmente se dijo es que podrían atentar con ráfagas de fusil en la noche y avanzar río arriba para tomarse Bojaya.
Balance
Como producto de las operaciones militares desarrolladas en el último año, el Clan del Golfo en esta región se ha visto afectadas con 37 capturas, dos muertes en desarrollo de operaciones militares. Se ha incautado 44 kilos de explosivos y 1147 galones de base de coca en proceso. Han sido destruidos 16 laboratorios para el procesamiento de estupefacientes.
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