La Fiscalía imputó ante el Tribunal Superior de Bogotá, cargos contra el suspendido gobernador de Córdoba, Edwin José Besaile, por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, cohecho por dar y ofrecer y falsedad en documentos.

Besaile, gobernador de Córdoba desde enero de 2016, no aceptó cargos y la audiencia se reanudará el 16 de este mes. El ente acusador agregó en un comunicado que solicitó la detención preventiva en establecimiento carcelario para Besaile por la relevancia y gravedad de los delitos.

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La Fiscalía explicó que si Besaile sigue en libertad esto podría permitir que continúe delinquiendo "por la intimidación que el gobernador podría ejercer sobre sus subalternos para lograr sus cometidos".

Añadió el fiscal que se está "en presencia de un concierto delictivo político de un departamento que exige una respuesta del Estado severa que garantice la seguridad del proceso".

En la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía presentó un informe de la manera en que Besaile habría recibido, de manos del también exgobernador de Córdoba Alejandro José Lyons Muskus, 2.100 millones de pesos "para el financiamiento de su campaña electoral".

El fiscal calificó el hecho como "una alianza criminal que se nutrió de personas no sólo vinculadas a la administración departamental sino a la política nacional e incluso a entes de salud como las IPS Unidos por su bienestar y San José de la Sabana", añadió.

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De esta forma, más de 1.525 millones de pesos para el tratamiento de 14 pacientes diagnosticados con hemofilia fueron entregados a la mencionada IPS en "una ficticia prestación de servicios de salud".