Campesinos del Catatumbo rechazan que la Fuerza Pública acompañe el trabajo de los erradicadores.
Distintos sectores piden al Gobierno replantear estrategia de erradicación
Los campesinos que durante tres días mantuvieron bloqueadas las carreteras que comunican a Tibú con Cúcuta, y a Ocaña con la capital del departamento, en protesta por la erradicación de cultivos ilícitos que se mantiene en el Catatumbo y el incumplimiento al acuerdo de paz, insistieron en su pedido de replantear esta alternativa.
El inconformismo que se ha dado en municipios como Sardinata, en donde la Fuerza Pública acompaña el trabajo de los erradicadores, ha hecho que desde hace varios días persista la tensión en la zona y se registrara hasta una muerte.
Teniendo en cuenta esta situación y el riesgo que ha quedado en evidencia, en medio de la crisis propiciada por el coronavirus, pues las aglomeraciones de campesinos que protestan por el proceder de los uniformados es cada vez mayor, varios sectores se unieron para pedirle al Gobierno reconsiderar la estrategia puesta en marcha en el Catatumbo, para frenar el aumento de los cultivos ilícitos.
En un comunicado público encabezado por el expresidente Ernesto Samper Pizano y que fue suscrito también por los senadores Iván Cepeda, Alberto Castilla, Griselda Lobo, la Secretaría de Víctimas del departamento, Ascamcat, la Comisión Diocesana por la Paz y la Reconciliación, así como la Corporación Vivamos Humanos, juntos reiteran que es necesario acoger los planes y pactos de sustitución voluntaria suscritos por las familias del Catatumbo.
“Consideramos que en las actuales circunstancias de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, es temerario adelantar procesos de erradicación forzosa de cultivos ilícitos en zonas de conflicto, en las que hay fuerte presencia de población campesina, y por eso solicitamos al Gobierno frenarlos, al menos de manera transitoria”, se señala en la carta.
También se hace énfasis en que la situación humanitaria de la región se agrava por los procedimientos que se están llevando a cabo, lo cual representa una amenaza a la integridad y la salud de las comunidades.
“Consideramos urgente que se implementen todas las medidas que fueron pactadas en el acuerdo de paz de La Habana, lo cual aliviaría de manera drástica las situaciones de violencia que se viven tanto en el Catatumbo, como en otras regiones afectadas por el conflicto”, señala el comunicado.
Aclarar asesinato
En el documento dirigido al Gobierno, el expresidente, los senadores, la Gobernación y los representantes de las organizaciones sociales y campesinas también urgen el esclarecimiento de los hechos que llevaron a la muerte de Alejandro Carvajal, campesino de la vereda Santa Teresita, de Sardinata, donde se adelantan las operaciones de erradicación.
El homicidio de Carvajal se presentó el pasado 26 de marzo a manos de un soldado del Batallón de Operaciones Terrestres N°9.
“Estos hechos deben ser esclarecidos de manera inmediata por el Ejército, los organismos de control, la Fiscalía y las autoridades competentes para determinar responsabilidades”, señalaron.
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