Hasta la Fiscalía General de la Nación llegó la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, para denunciar las omisiones de algunos funcionarios de esa entidad en procesos de restablecimiento de derechos de niños y niñas con altas permanencias en los servicios de protección. 

La decisión se produjo este martes durante la jornada de revisión de casos que adelantaba la funcionaria con un equipo de la sede nacional del ente en los Centros Zonales del ICBF en Medellín, para determinar, en cada uno de ellos, cuáles son los factores que han impedido resolver oportunamente la situación de decenas de niños con sus derechos vulnerados. 

"Son miles los funcionarios del ICBF quienes trabajan con el corazón por los niños más vulnerables y no voy a permitir que la desidia y la irresponsabilidad de unos cuántos, nos impidan cumplir con nuestra obligación de protegerlos y restablecer sus derechos", dijo la directora. 

Plazas pidió al ente investigador aplicar todo el rigor de la ley con el fin de que se determinen los delitos en los que podrían haber incurrido estos funcionarios, según las pruebas recolectadas durante esta jornada. 

La directora reiteró una vez más que los derechos de la niñez priman sobre todos los demás y que los recursos destinados a garantizarlos son sagrados, además agregó que no cumplir con las funciones de un cargo público también es un acto de corrupción. 

"Jugar con el bienestar y la felicidad de un niño es un acto criminal. Es inadmisible que quienes tienen en sus manos la vida de cada niño que llega al ICBF porque necesita ser protegido, termine siendo otro de sus verdugos por no cumplir con todas sus obligaciones", puntualizó.