El director de la Policía, general Óscar Atehortúa, se presentó ante la Fiscalía General de la Nación a rendir interrogatorio por presuntos actos de corrupción.

La solicitud la hizo el oficial al ente acusador en la que entregó su versión sobre hechos que se le acusan de cuando fungió como director del Fondo Rotatorio.

Atehortua es investigado por la Procuraduría General de la Nación por irregularidades en la construcción de casas fiscales en San Luis, Tolima.

En este caso, el director de la Policía es acusado por una posible responsabilidad sobre extralimitación en sus funciones y tráfico de influencias.

A Atehortúa se le cuestiona que en calidad de director general del Fondo Rotatorio pudiera estar incurso en una falta por haber participado, entre el 26 de diciembre de 2014 y el 17 de diciembre de 2015, en la ejecución de un contrato en la que, a juicio de la Procuraduría, habría desconocido el principio de responsabilidad, al haber faltado “probablemente” a su deber de adelantar la revisión sobre la obra y velar por la buena calidad y el objeto del contrato.

Además de eso, el ente de control cuestiona que el oficial, en su calidad de inspector general de la Policía, entre el 19 de junio y el 13 de diciembre de 2018, no se hubiera declarado impedido para conocer un expediente disciplinario relacionado con las presuntas irregularidades en la construcción del proyecto de viviendas fiscales denominados Cenop, pese a la eventual existencia de un interés directo sobre la actuación.

Sumado a eso, el Ministerio Público le sigue la pista en una presunta extralimitación de funciones por haber acudido a un capitán para que verificara la actuación adelantada en el proceso por los hechos de la construcción de las viviendas fiscales, que conocía el Grupo de Procesos Disciplinarios de Primera Instancia de la Inspección General, y le suministrara una línea de tiempo del expediente.

Eso, sin contar que también a Atehortúa se le reprocha que, aparentemente, utilizara de manera indebida estar en el cargo de director de la institución, para que el inspector general de esa entidad, general William René Salamanca Ramírez, no diera curso a una actuación disciplinaria que estaba adelantando por posibles irregularidades ocurridas en el proyecto Cenop, en la que podía resultar comprometida su responsabilidad.