Tras la radicación hace unos días del proyecto que pretende prohibir la explotación de yacimientos no convencionales, la Alianza Colombia Libre de Fracking, junto con concejales y diputados de Santander, Boyacá, Cesar y Antioquia expresaron sus preocupaciones y los riesgos que genera la intención de aprobar proyectos y adelantar pilotos de fracking en el país.

Óscar Sampayo, miembro de la Organización de Estudios Ambientales del Magdalena Medio y de la Alianza Colombia Libre de Fracking, afirmó que el gobierno está utilizando principalmente al departamento de Santander “como conejillo de indias para profundizar el modelo minero energético tanto en el complejo de humedales del Magdalena Medio como en el Páramo de Santurbán”.

Para los diputados, el problema radica en el modelo extractivista que adoptó Colombia, dejando de lado el apoyo a la industria y a la producción agropecuaria.

El diputado de Santander Leonidas Gómez afirmó que el país seguirá siendo una víctima hasta que no se cambie dicho modelo, que según él, va a contaminar las aguas subterráneas, una reserva ante la contaminación y reducción del 80% en las aguas superficiales.

Urbano Villa, concejal de Yondó, Antioquia, recordó desde su formación en salud los riesgos que puede traer el fracking para la salud de la población. Según él, incluye peligros de contaminación de los agroecosistemas a través de los metales pesados usados en la fracturación hidráulica.

Para el concejal, dicha contaminación “puede incrementar el diagnóstico de patologías de quienes se alimentan de los cultivos o de los animales que pastorean en las zonas del Magdalena Medio”.

Entre otros argumentos expuestos durante la jornada, los concejales y diputados recordaron la afectación en el precio y la producción del petróleo, por lo que según ellos no se hace rentable como un modelo económico para las comunidades.  

Recalcaron además que los beneficios económicos de esta práctica muchas veces dejan por fuera a las comunidades donde se generan los proyectos de explotación.

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Luisa Fernanda Ojeda, de la alianza Colombia Libre de Fracking, resaltó que la radicación del proyecto para prohibir el fracking en el país no servirá solo para evitar la explotación a los yacimientos no convencionales, sino que además abre posibilidades de renovación y diversificación en el país.

“Abre un camino de posibilidades, de que los territorios empiecen a pensarse como otras formas de vida, de que se respeten los bienes comunes, de que se democraticen los bienes comunes como la energía, el agua, que históricamente se le han negado a las comunidades”, afirmó Ojeda.

Para Ojeda, el proyecto le da un espacio a Colombia “de pensarse un nuevo modelo que diversifique la economía, que luche contra la crisis ambiental y climática, que repare y resarza los daños a la naturaleza que se han generado en estos 100 años de explotación petrolera”.

Por último recordó que son los pueblos quienes deben tener el derecho a autodeterminarse y a definir el futuro ambiental de los territorios en los que habitan.

Otros defensores del proyecto afirmaron también que se debe pensar un modelo en el que se invierta en el campo y donde se den garantías de empleo sin envenenar el agua, pues el oro y el petróleo no son alimentos para las regiones. Los diputados y concejales piden inversiones y transiciones energéticas amigables con las comunidades, el medio ambiente y la economía.