Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia definió la situación jurídica del general en retiro Mauricio Santoyo Velasco y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario por su presunta responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La determinación la tomó el ente acusador bajo la ley 600, luego de que en el curso de las investigaciones se constató que el exoficial constituyó un patrimonio de más de 6.000 millones de pesos, que, en parte, sería producto de dineros que habría recibido de los desmovilizados grupos de autodefensa, mientras estuvo vinculado a la Policía Nacional entre 1999 y 2009.

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Testimonios obtenidos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, los cuales fueron verificados, le permitieron a la Fiscalía conocer que la organización narcotraficante conocida como ‘La Oficina’ y cabecillas de las entonces AUC, supuestamente, le pagaron a Santoyo Velasco para que dejara en libertad a integrantes de esas estructuras y los alertara sobre los movimientos y operativos de la fuerza pública.

Por estos favores ilícitos, el general en retiro habría recibido en su momento más de 1.700 millones de pesos. Es importante resaltar que los bienes del exoficial y núcleo familiar, y sus empresas, fueron objeto de medidas cautelares por parte de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio.

El general en retiro Mauricio Santoyo regresó al país en abril de 2019, luego de cumplir sentencia en Estados Unidos. Desde entonces permanece privado de la libertad por disposición de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos que lo vinculó a un proceso por desaparición forzada y otros delitos.