La Juez 59 con función de Control de Garantías dictó detención domiciliaria a los cinco implicados en el denominado caso de los ‘Panamá Papers’, donde se habrían generado actividades ilegales por parte de la firma de abogados panameña Mossack-Fonseca.

Las personas cobijadas con esta medida son Luz Mary Guerrero y Jorge Humberto Sánchez Amado, representante legal y revisor fiscal de Efectivo Ltda., y Circulante S.A.; Sara Guavita Moreno, representante legal suplente de Servientrega S.A; el ecuatoriano Juan Esteban Arellano Rumazo, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. Colombia; y Martha Inés Moreno, contadora de Efectivo Ltda.

La medida se tomó bajo el argumento “que los capturados hicieron el pago de unos impuestos, en lo cual se evidencia que tienen la voluntad de querer reparar al Estado y posiblemente a las víctimas”.

La delegada del Consejo Superior de la Judicatura “ordenó librar las boletas de detención ante los centros carcelarios La Modelo y el Buen Pastor, para que allí se realicen los trámites correspondientes y se procedan a trasladar a los ciudadanos a sus domicilios, no sin antes advertirles que deberán firmar un compromiso donde confirman que no cambiarán de lugar de residencia y se comprometen a asistir a todas las diligencias que sean impuestas por la justicia”.

La juez aseguró que pese a recibir esta medida de detención, los imputados continúan vinculados al proceso.

La investigación

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, la firma Mossack Fonseca “ofreció dentro de sus servicios, entre los años 2010 y 2016, un elaborado entramado financiero y societario, el cual tenía por objeto vender facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior”.

"Se identificó que esas catorce sociedades, usando los servicios que les ofrecía Mossack Fonseca, firmaron contratos de prestación de servicios con sociedades del exterior, a sabiendas que esos servicios no se prestarían”, dijo el fiscal delegado.

En medio de la diligencia judicial, que completó tres semanas, el fiscal del caso reveló apartes de los correos electrónicos que involucran a Juan Esteban Arellano Rumazo, de nacionalidad ecuatoriana en el ilícito.

El delegado de la Fiscalía argumentó su teoría, incluso conociendo la postura de Arellano Rumazo, sobre su total desconocimiento de los hechos. “Según lo que escuché en los medios de comunicación no conozco sobre el servicio de refacturación, ni es parte del portafolio de Mossack Fonseca”.

Así mismo, reveló, en una presentación, los correos electrónicos entre Martha Moreno y Arellano Rumazo, donde el segundo le confirmaba que la firma panameña tenía “la capacidad y experiencia para manejar la transacción por los ocho millones de dólares”.

De acuerdo con el fiscal, Arallano Rumazo le habría dado garantías a Martha Moreno sobre el servicio que le brindaría Mossack Fonseca. “Tenemos la capacidad de usar dos o cuatro compañías en jurisdicciones de Panamá o Reino Unido. Ustedes son los que definirán cuál es la mejor alternativa”, decía, presuntamente, el ecuatoriano en el correo.

El fiscal del caso explicó que Mossack Fonseca ofrecía sus servicios de “asesoramiento, acompañamiento y soporte en torno a lo jurídico y tributario. Pondríamos a disposición los mejores expertos de la fiduciaria para que lideren esta operación y nos garanticen que sea un éxito”.

Luego de exponer parte del material probatorio contra el ecuatoriano, el fiscal precisó que “los correos demuestran que él sí sabía de la refacturación”.

Los delitos que les imputaron

A Luz Mary Guerrero le imputaron los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.

Martha Moreno fue imputada por los delitos de falsedad ideológica, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

Al ecuatoriano Juan Esteban Arellano Rumazo le imputaron falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.

A Sara Guavita le imputaron falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.

A Jorge Humberto Sánchez lo imputaron por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.