El exjefe de seguridad de Álvaro Uribe es investigado por las autoridades colombianas por el asesinato del periodista Jaime Garzón ocurrida en 1999 y quien purgó una pena por nexos con grupos paramilitares.

A su llegada al país, Migración Colombia lo puso a disposición de la Fiscalía para avanzar con su proceso judicial. Así las cosas, será el ente acusador quien defina el mismo debido a que lo rige la Ley 600 de 2000.

En el mismo avión también llegó Juan Ramírez Taborda, el piloto de Daniel ‘Loco’ Barrera y a quien se le sindica de abrir las primeras rutas clandestinas para el envío de droga hacia los Estados Unidos.

A Santoyo en 2015, la Fiscalía vinculó al entonces coronel a la investigación junto con el también oficial Rito Alejo del Río, esto después de conocer unas declaraciones que rindió desde Estados Unidos Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, en las que indica que los exoficiales presuntamente tendrían relación con los grupos paramilitares de la época, y habrían participado en una presunta estrategia de desviación de la investigación por el crimen.

Así las cosas, el exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, Mauricio Santoyo; y el general Rito Alejo del Río fueron citados a diligencia de indagatoria para que explicaran a la Fiscalía su presunta responsabilidad en los hechos que rodearon la muerte de Garzón.

Por su parte, ‘Don Berna’ ha indicado en diferentes ocasiones que Santoyo e integrantes del DAS supuestamente emprendieron una estrategia para desviar la investigación que se adelantaba por el crimen de Jaime Garzón, debido al gran rechazo que generó ante la sociedad, orden que habría sido impartida por el máximo jefe de las Autodefensas, Carlos Castaño.

Santoyo se encontraba pagando una condena en Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas, mientras que Rito Alejo del Río cumplió una condena de 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado y también fue vinculado por la Fiscalía recientemente a la investigación por el crimen de Álvaro Gómez Hurtado.

Una vez arribó al país el general en retiro, la Comisión Colombiana de Juristas no escatimó en solicitarle al fiscal Néstor Humberto Martínez, la detención del exoficial, esta vez por la desaparición de Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín, activistas y defensores de Derechos Humanos

Según data la Comisión, los hechos ocurrieron en octubre del año 2000. El informe reveló que Claudia Patricia y Ángel José se habían incorporado a corporaciones de Derechos Humanos para denunciar y buscar a sus familiares desaparecidos y asesinados por grupos paramilitares y agentes de la fuerza pública.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía en el momento de la desaparición forzada de los dos activistas, se determinó que la línea telefónica fija de la organización estaba interceptada ilegalmente por una orden falsa de un fiscal adscrito al Gaula Urbano de Medellín.

Según la Comisión, a raíz de este hecho, se descubrió la “más grande operación de interceptaciones ilegales por parte de esa unidad policial, actividad delictiva que se inició al mando del comandante Regional del Gaula de la Policía en Medellín, Mauricio Santoyo Velasco, bajo cuya dirección se produjo el periodo con mayor auge de estos crímenes debido al aumento de la capacidad operativa”.