En un concepto ante la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación pidió dejar en firme la norma que exige a los jueces un dictamen previo del instituto de Medicina Legal, para que se pueda conceder detención a los reclusos que estén en grave estado de salud. 

Según el Ministerio Público, este concepto es un medio de prueba necesario para que el juez tome su decisión y en últimas para evitar que un recluso pueda quedar en libertad excudándose en una falsa enfermedad. 

El demandante alegaba que debido a que el el Instituto de Medicina Legal es una entidad subordinada a la Fiscalía, eso puede limitar la autonomía de su dictámen y generar un desequilibrio en el desarrollo del proceso penal. 

La Procuraduría, por el contrario, consideró que de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, Medicina Legal es una entidad con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y su dictamen es un apoyo a la administración de justicia. 

De acuerdo con la entidad, aunque el dictamen de Medicina Legal es un apoyo para su decisión, es el juez quien debe velar porque las condiciones de reclusión sean compatibles con el estado de salud del detenido.