La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, por irregularidades relacionadas con la adjudicación de cuatro convenios de cooperación para ciencia y tecnología por más de 85.700 millones de pesos. 

El fallo emitido en la tarde de este miércoles fue de primera instancia, por lo que la defensa del exmandatario departamental apelará la decisión el próximo viernes 7 de diciembre. 

El procurador delegado, Camilo Orrego, anunció que el órgano de control comprobó el interés indebido de Lyons para sacar provecho de cuatro convenios suscritos durante 2013. El primero de ellos tenía como objeto la aplicación de ciencia, tecnología e innovación en carneros para mitigar efectos de los TLC, por un valor superior a los 16.018 millones de pesos. 

El segundo convenio tenía como objeto la investigación sobre el corredor agroecológico caribeño en los departamentos de Córdoba y La Guajira, en la cuenca del rio Sinú, por un valor superior a los 47.561. El tercer convenio era la investigación en recursos hidrobiológicos del Caribe colombiano por al menos 14.115 millones de pesos, y el cuarto también consistía en investigar e implementar un desarrollo aplicado de un modelo experimental para el manejo productivo y sostenible de los sistemas agroforestales por más de 8078 millones de pesos. 

En ese caso, el ente de control estableció que el exgobernador, el exdirector de Regalías, Jairo Alberto Zapa Pérez, y el representante de las entidades cooperantes, Jesús Eugenio Henao Sarmiento, se reunieron para acordar comisiones a cambio de la celebración de los convenios. Dicha comisión se fijó en 12.000 millones de pesos, pagado proporcionalmente según los desembolsos que se entregaban al contratista. 

Por estos hechos, la Procuraduría le formuló cargos de interés indebido en la celebración de contratos, incremento injustificado de su patrimonio y concierto para delinquir a Lyons, quien también es procesado penalmente. 

En cuanto al cargo de interés indebido en la celebración de contratos, el Ministerio Público estableció que el comportamiento de Lyons “estuvo dirigido a satisfacer intereses propios y de terceros, con la finalidad de obtener provecho económico, tomando distancia de los fines de la contratación estatal”. 

En relación al cargo de incremento injustificado de su patrimonio, el ente de control cuestionó al exgobernador debido a que él y terceros celebraron convenios sin ningún proceso previo de selección. Sobre este caso, la Procuraduría apoyó su hipótesis con la declaración dada por Lyons en la Fiscalía, en el que “reconoció haber recibido un pago por valor de 1900 millones de pesos del representante de las entidades cooperantes, Jesús Eugenio Henao Sarmiento, a través de Sami Spath Storino”, este último capturado en días pasados. 

Y el tercer cargo, dijo la Procuraduría, Lyons se había concertado con dos o más personas para cometer una comisión de delitos en contra de la administración departamental. 

El ente de control tuvo en cuenta que este aceptó su responsabilidad en los hechos y dio muestras de arrepentimiento por los delitos cometidos, por lo que se “reconoció que con sus declaraciones y colaboración logró establecer la responsabilidad de otros funcionarios públicos comprometidos en actos de corrupción en el departamento”. 

El Ministerio Público calificó definitivamente las faltas cometidas por el exgobernador como gravísimas a título de dolo.