En el marco de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se realiza en Cartagena, se presentaron los informes de la situación actual de los medios, país por país, ante la Comisión de Libertad de Prensa e Información. En el caso de Colombia, resalta que, desde el  1 de septiembre de 2018 al 26 de febrero de 2019, la Fundación para la Libertad de Prensa registró 195 ataques contra la prensa, que afectaron a 247 periodistas. De este total, 44 casos provenían de funcionarios públicos y afectaron a 59 periodistas.

La agresión más frecuente fue violencia por amenaza con 63 casos que afectaron a 87 periodistas, seguida por 28 casos de hostigamiento.

El texto indica que “en este período persistió la tendencia al alza en agresiones contra periodistas, al tiempo que asomaron iniciativas legales y acciones administrativas que pretenden limitar la libertad de prensa, así como medidas judiciales, amenazas y obstrucciones de funcionarios públicos”.

Frente a las iniciativas legales, el informe se refiera al proyecto que intenta revivir la tarjeta de periodista, el cual avanza en el Congreso y ya pasó el primer debate en su tránsito legislativo. En este punto se resalta la postura de la la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), la cual indica que “se trata de una iniciativa inconveniente, sobre todo por confusa en sus propósitos y en su forma”.

“El texto del proyecto habla de una instancia, un Consejo, que tendría la potestad de emitir y retirar dicha tarjeta, el cual estaría integrado por el gobierno, por agremiaciones de periodistas y alguna facultad de periodismo. Se teme por los criterios que utilicen y quiénes serían los encargados de esas funciones”, establece el informe.

Otro hecho sobresaliente fue la denuncia de Santiago Rivas, presentador de “Los Puros Criollo”, sobre una presunta censura al programa por un cambio de horario. Rivas sugirió que el cambio de programación tenía motivaciones políticas debido a su posición crítica por un proyecto de ley para modernizar el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ante esto, el gerente de RTVC negó que esta fuera la causa, sin embargo, semanas después, una grabación demostró que la decisión había sido política, lo que derivó en la renuncia del gerente.

El tres de diciembre el fiscal 66 especializado contra violaciones a los Derechos Humanos declaró como crimen de guerra el homicidio de los periodistas de El Espectador, Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, ocurrido el 24 de julio de 1991 en Segovia, Antioquia, por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).