Desde el 1 de enero, y tras una batalla de varios años, en Colombia entró en vigencia la Ley 1968 de 2019, también conocida como la Ley Ana Cecilia Niño –quien fuera una de sus principales promotoras–, que prohíbe el asbesto en el país.

Según la ley, desde comienzo de este año se prohibió “explotar, producir, comercializar, importar, distribuir o exportar cualquier variedad de asbesto y de os productos con él elaborados en el territorio nacional”. Eso sí, es una norma que no es retroactiva, es decir, que no aplica para el asbesto instalado antes del pasado 1 de enero.

Sin embargo, el camino aún es largo en lo que se refiere al tratamiento del asbesto en el país. La ley define un periodo de cinco años a partir de julio de 2019 –cuando se promulgó– para que el Gobierno formule una política pública de sustitución del asbesto instalado.

En el intermedio, los ministerio del Trabajo, de Salud, de Ambiente y de Comercio, Industria y Turismo deberán establecer “las medidas regulatorias necesarias que permitan reducir hasta su eliminación de manera segura y sostenible el uso del asbesto”.

Lea aquí: Bogotá decreta cuarentena estricta en tres localidades

Otro punto clave de la ley es que, gracias a ella, dichos ministerios también deberán hacer seguimiento a la salud de los trabajadores que estuvieron expuestos con la cadena de extracción, procesamiento, almacenamiento, distribución y comercialización del asbesto durante 20 años.

También se creará una Comisión Nacional para la Sustitución del Asbesto con delegados del Ministerio de Ambiente, dos del de Salud, dos del de Comercio, Industria y Turismo, dos del de Minas y Energías, dos del de Trabajo, un delegado de Colciencias, un veedor ciudadano y un integrante de universidades elegidos por convocatoria pública.

Dicha comisión deberá supervisar el cumplimiento de la sustitución del asbesto, el seguimiento de las medidas establecidas por la ley, expedir el Programa Nacional de Eliminación de Enfermedades Relacionadas con el Asbesto y elaborar el plan de adaptación laboral.

A partir del 1 de enero, quienes utilicen el asbesto de alguna manera en el país serán sujetos que van desde los 100 salarios mínimos mensuales legales hasta los cinco mil, sin contar las acciones penales y disciplinarias que se pudieran desencadenar.

Greenpeace, una de las organizaciones que promovió la Ley Ana Cecilia Niño, celebró el 11 de julio la aprobación de la ley asegurando que “durante dos años –desde que la senadora Nadia Biel presentó el proyecto de ley en 2017– contra el lobby de la industria que utiliza asbesto, las dilataciones en el Congreso y la posibilidad de que este material solo se eliminara y no se prohibiera. Hoy podemos decir que Colombia sin asbesto es una realidad”.

Así las cosas, Colombia se sumó a la lista de 60 países alrededor del mundo que han prohibido este químico, que, según estudios científicos, es el responsable de varios tipos de cáncer.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que “actualmente, unas 125 millones de personas están expuestas en su lugar de trabajo. Miles de muertes pueden atribuirse a enfermedades relacionadas con el asbesto, como así también a exposiciones a este material que no están relacionadas con el lugar de trabajo”.