La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de la desaparición forzada de Víctor Manuel Isaza Uribe, integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de la Construcción (Sutimac) en Puerto Nare y simpatizante del partido político Unión Patriótica.

Isaza Uribe está desaparecido desde el 19 de noviembre de 1987, mientras se encontraba detenido en la cárcel de Puerto Nare, Antioquia.

Su caso fue recopilado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) como uno de los casos emblemáticos de desaparición forzada en el país en sus informes del 2014.

La Comisión tuvo en cuenta que cuando una persona se encuentra bajo su custodia, es obligación del Estado ofrecer una explicación satisfactoria sobre lo sucedido en tales circunstancias, lo que no ocurrió en este caso.

De acuerdo con la CIDH, el Estado se limitó a validar la versión oficial de fuga, sin investigar adecuada y exhaustivamente los hechos tomando en cuenta todos los indicios que apuntaban a la hipótesis de la desaparición forzada.

“Dichos hechos se encuentran en el marco de violencia por parte de agentes del Estado contra personas vinculadas al partido político Unión Patriótica; el marco de persecución e incluso exterminio de sindicalistas precisamente de la entidad a la que pertenecía Víctor Isaza Uribe y concretamente en el municipio de Puerto Nare; y la existencia de patrones de acción conjunta entre la Fuerza Pública y grupos paramilitares en la zona”, señaló la Comisión.

Además, la CIDH determinó que el Estado mantuvo vigentes marcos jurídicos relativos al paramilitarismo y a la identificación de sindicalistas dentro de la noción de enemigo interno.

La Comisión estableció además que el Estado comprometió su responsabilidad en este caso por los procesos internos seguidos por estos hechos. Específicamente, porque no ha proporcionado información sobre acciones específicas que se hubieran tomado de manera inmediata para dar con el paradero de Víctor Isaza Uribe y proteger su vida e integridad.

Asimismo, la CIDH señaló que el proceso penal ha estado sujeto a demoras injustificadas y que pasados más de 27 años de ocurridos los hechos, éstos aún no han sido esclarecidos y la investigación penal permanece en etapa de investigación previa.

La Comisión también concluyó que no se desarrollaron y siguieron líneas de investigación respecto de los múltiples contextos que operaban de manera conjunta en la zona y que resultaban claramente relevantes en la investigación sobre lo sucedido a la víctima.

La CIDH informó que sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el 3 de abril de 2016, porque consideró que el Estado de Colombia no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo en este caso y porque el mismo le permitirá a la Corte profundizar en su jurisprudencia en materia de análisis de contextos de connivencia y colaboración entre agentes estatales y porque se trata de un
sindicalista en el marco del conflicto armado colombiano, bajo un marco normativo y prácticas institucionales que permitían una identificación de este grupo social dentro de la noción de enemigo interno.

El informe de fondo

En el Informe de Fondo, la Comisión había recomendado al Estado de Colombia investigar de manera completa, imparcial y efectiva el paradero de Isaza Uribe, así como investigar el hecho y esclarecer quiénes fueron los responsables.

Igualmente se pedía reparar las violaciones de derechos humanos, el establecimiento y difusión de la verdad histórica de los hechos, la implementación de un programa adecuado de atención a sus familiares y que se adoptaran medidas de no repetición.

Bogotá | Colprensa