La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su “preocupación” por el aumento de la violencia contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, que ha dejado 52 muertos en 2016.

La ONU destacó que esta “dinámica de violencia” no sólo afecta a los defensores de los derechos humanos “sino también a la población en general”, y que los departamentos más afectados son los de Norte de Santander, Cauca, Antioquia y Valle del Cauca.

“Al 30 de noviembre de este año, la Oficina monitoreó con varias fuentes en terreno 35 atentados y 52 homicidios en contra de líderes y lideresas defensoras de derechos humanos. Cinco casos más de homicidios se encuentran aún bajo nuestro análisis”, indicó en un comunicado, advirtiendo sobre un incremento de la delincuencia en lugares que estaban bajo control de la guerrilla Farc.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), principal y más antigua guerrilla del país, sellaron el 24 de noviembre un acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado.

Según la ONU, “13 de los 57 homicidios fueron cometidos” desde la firma el 26 de septiembre del pacto original con las Farc, que fue revisado por las partes para incluir propuestas de la oposición tras haber sido rechazado en un plebiscito.

Siete de estos últimos asesinatos se cometieron en áreas rurales, donde según la ONU la violencia es “persistente” contra defensores de derechos humanos, y “en donde las Farc tenían presencia histórica, y están retirándose”.

El acuerdo de paz estipula la incorporación de las Farc a la vida civil, previa concentración de sus 5.765 miembros en 27 zonas del país para la dejación de armas, en un proceso de seis meses que tendrá supervisión de la ONU.

El retiro de las Farc deja “un vacío en sus sitios históricos, donde actuaban imponiendo un ‘orden’” en zonas en las que el Estado está ausente y predominan “economías ilegales, como cultivos ilícitos y minería ilegal”, indicó la ONU.

Esta situación “ha favorecido el surgimiento y expansión de todo tipo de criminalidad, incluyendo la entrada de otros grupos al margen de la ley, quienes se disputan el control de estas economías, afectando los derechos de las personas”, agregó.

La paz con las Farc no supone el fin de la violencia. El gobierno también trata de negociar con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y avanza una ofensiva contra las bandas criminales, surgidas de remanentes de grupos paramilitares desmovilizados hace una década.