Según una encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo en el año 2014, la mayoría de las víctimas de acoso en las empresas son mujeres.  

La encuesta también arrojó que el 41% de las trabajadoras víctimas de acoso laboral prefieren no denunciar.

Las situaciones más comunes de acoso son: solicitud o presión para tener intimidad (82%), intento y ocurrencia de acto sexual (79%), correos o mensajes (72%) y contacto físico que sobrepasa el límite (72%).

Los resultados los recordó Irma Herrera, representante a la Cámara por Bogotá y vicepresidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, en el marco de una audiencia pública para hablar sobre el acoso a las mujeres en los espacios de trabajo y en las universidades del país.

Herrera también recordó que, según Medicina Legal, en 2019 se presentaron 4.100 delitos sexuales en el país, 70% ocurridos en el transporte público. Además, según datos del distrito, 7 de cada 10 mujeres han vivido experiencias de acoso en el transporte público de la capital.

Con estas cifras, los citantes a la audiencia pública y las organizaciones de mujeres, abogadas y demás expertas invitadas para discutir sobre el acoso en espacios de trabajo, denunciaron que en Colombia existen vacíos legales que permitan prevenir y atender el acoso sexual y el abuso en empresas e instituciones públicas y privadas del país. Herrera aseguró que no está claro cómo hacer las denuncias por casos de acoso sexual ni existe un protocolo para atender estos casos dentro de las oficinas, los colegios o las universidades.

Camila Correa, abogada y docente de la Universidad del Rosario, denunció que existen problemas de regulación y sanción para las modalidades de acoso. Según explicó, el artículo 210 A del Código Penal sólo sanciona el acoso vertical, es decir, aquel que ocurre bajo una relación de subordinación. Sin embargo, afirmó que este artículo deja por fuera el acoso horizontal, es decir, el que ocurre entre pares.

Además, la abogada afirmó que este artículo sobre acoso sexual sólo condena aquellas conductas que son repetitivas, ignorando aquellos episodios que ocurren una sola vez y que, a los ojos de la legislación, no se consideran como delitos, por lo que las denuncias de las mujeres son archivadas, dejando la mayoría de los casos de acoso en la impunidad. Las mismas cifras otorgadas por la Fiscalía General de la Nación demuestran la impunidad frente a estos casos. Martha Mancera, vicefiscal general, explicó que desde el año 2015 hasta la fecha, se han archivado 4.460 casos de acoso sexual por atipicidad, es decir, porque no se ha podido demostrar el tipo penal y el dolo para constituir el delito. Además, informó que sólo se han presentado 56 imputaciones. 330 casos están en proceso de juicio, hay 16 órdenes de captura por este delito, 22 preclusiones y 127 sentencias condenatorias. Según Mancera, este bajo número de condenas y procesos se debe a que la tipicidad del artículo 210 es muy amplia además de que es muy complejo probar la superioridad que condiciona el delito de acoso sexual.

Temor a denunciar

En la audiencia, Viviana Bohorquez, abogada, feminista y miembro del equipo de Las Igualadas, denunció que en Colombia las mujeres tienen miedo a la justicia y miedo a ser cuestionadas.

Bohorquez recordó que las mujeres sienten miedo a que nadie les crea y a perder su trabajo o a denunciar y que la justicia no haga nada frente a sus agresores, por lo que terminan callando. Sin embargo, afirmó, este silencio solo beneficia a los agresores y acosadores.

Por eso, la abogada y feminista hizo una serie de peticiones claves para proteger a las víctimas e incentivar que estas se sientan capaces de denunciar ante la justicia. Bohorquez afirmó que es clave modificar la ley 1010 de 2006, referente al acoso laboral.

Además, afirmó que el país debe contar con mecanismos que promuevan la denuncia anónima para proteger a las víctimas, con órganos imparciales e independientes, además de tener jueces y fiscales que entiendan el acoso sexual.

Bohorquez pidió que el país modifique la prescripción de estos delitos, que equivale a 6 meses, un tiempo muy corto para demostrar y hacer el debido proceso. Además, aseguró que la legislación debe tener medidas que garanticen que las mujeres no perderán su trabajo, pero sobre todo, que accederán a una reparación y a una justicia restaurativa de sus derechos, más que a una sanción punitiva. “Se necesitan leyes que crean en las víctimas y garanticen justicia para todas”, afirmó.

Otros espacios de denuncia

Las organizaciones y mujeres participantes de la audiencia recordaron que ante la existencia de una justicia ineficaz, han surgido espacios de denuncia a través de redes, medios de comunicación o por medio del escrache, que les permiten a las mujeres hablar de sus denuncias.