El representante, David Racero, interpuso una denuncia contra el presidente de la República, Iván Duque Márquez, ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por las declaraciones de la excongresista Aída Merlano, relacionadas con delitos electorales.

De esta manera, el representante pide que se investigue al mandatario de los colombianos por los delitos de constreñimiento al sufragante, corrupción al sufragante,  tráfico de votos,  y tentativa de homicidio. También pide que se le investigue por indignidad y mala conducta por supuestamente haber participado en estos delitos.

“La excongresista Aída Merlano Rebolledo, prófuga de la justicia colombiana, capturada y recluida en centro penitenciario en Venezuela, manifestó que el presidente de la República, no solo conoció de la existencia  de compra de votos a su favor, sino que se reunió con las personas que promovieron esta práctica en la costa”, señala David Racero.

Según Merlano, Duque habría comprado votos en la Costa Caribe para poder ser elegido como presidente, con la ayuda de Julio Gerlein, quien presuntamente invirtió 6 mil millones de pesos para su campaña. De acuerdo a la excogresista,  la familia Char también hizo  una recolecta para este fin y Faisal Cure entregó 3 mil millones para esa campaña.

Así mismo, Racero pide que  el mandatario  explique por qué Aída Merlano lo acusa de hacer parte de un plan para asesinarla y evitar que contara todo lo que sabe. De igual forma,  quiere que aclare por qué, como dijo la excongresista, por qué la recompensa por su paradero subió drásticamente, en el momento en el que ella escapó de un lugar en el que estuvo confinada, después de su fuga.

“Teniendo en cuenta la obligación de protección de la vida  que le asiste a las autoridades de la república, es necesario realizar la investigación sobre esta gravísima declaración, la cual se cataloga como tentativa de homicidio”, señala el representante.

De acuerdo a Racero, los delitos en los que podría haber incurrido el presidente impiden hacer efectivo el derecho a la participación política, garantizado por el artículo 40 de la Constitución Política, en el que se señala que los ciudadanos tienen derecho a elegir libremente.

“Atendiendo a la gravedad que comportan estos delitos, en este caso es la máxima autoridad de los colombianos, quien está siendo acusado  de haber conocido,  participado, promovido, y quién en últimas  se vio presuntamente beneficiado de estas conductas. Es necesario llegar hasta las últimas consecuencias en términos de investigación  y aclaración de su participación”, dice David Racero.