La revista Semana reveló en su más reciente edición lo que llama las verdaderas razones por la cuales dejó su cargo, a finales de diciembre, el comandante del Ejército Nacional, general Nicacio Martínez: haber autorizado una serie de interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales a varias personas entre ellas una magistrada, congresistas y diversos periodistas entre ellos a los de esta publicación.

Citando fuentes, no reveladas, de inteligencia del propio Ejército, una más de la inteligencia militar de los Estados Unidos, como también fotos y copia de un contrato, el medio de comunicación explica cómo fue ese modus operandi que se dio durante gran parte del año 2019.

Según se indica, se utilizó un moderno aparato para interceptar comunicaciones que fue adquirido a una empresa española por cerca de 3.000 millones de pesos, contrato que habría sido autorizado por el general Martínez, quien además orientaba la forma en que debían hacer esa grabaciones ilegales desde dos guarniciones militares, una en Bogotá y otra en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, en donde a principio de diciembre se hizo un allanamiento por parte de la Fiscalía y la Corte Suprema, en donde se encontraron pruebas de dichas 'chuzadas'.

En la información que revela Semana se indica que una de las 'chuzadas' fue la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, quien paradójicamente había sido oficial del Ejército, y en la actualidad es muy referenciada porque ha estado cercana a la investigación que se le adelanta en ese alto tribunal al expresidente Álvaro Uribe.

Uno de los oficiales del Ejército que contó a Semana la grave denuncia, sostuvo que recibió orden expresa que los seguimientos y monitoreos a los interceptados se le entregara esa información a un “reconocido integrante del Centro Democrático”, de quien no se cita su nombre.

Otro de los personajes 'chuzados' fue el senador Roy Barreras, quien en noviembre pasado lideró la moción de censura contra el exministro Guillermo Botero, pero además fue quien denunció que un operativo del Ejército contra un jefe de las disidencias de las Farc, alias 'El Cucho', murieron 7 menores de edad, información que tenía escondida el Ejército.

La revista además indica que tiene en su poder parte de los informes que se realizaron, como también una información que estaba en una USB que se usó para tal fin.

Igual de preocupante fueron las interceptaciones y seguimientos que se dieron a varios periodistas de Semana, en cabeza de su director Alejandro Santos. En tal sentido muestran fotos de una camioneta que se usó para tal fin, como también fotos de dos personas que vigilaban a los comunicadores, una de ellas una oficial del Ejército.

También se informó de los detalles que se hizo a la central de inteligencia del Ejército en Facatativá, en donde era utilizado como una de las centrales para hacer las 'chuzadas'. Incluso relatan como los oficiales allí trataron de esconder material comprometedor. El operativo, fue precisamente liderado por la magistrada Lombana, quien no sabía que ella era una de las interceptadas.