La Procuraduría General de la Nación denunció la existencia de un presunto cartel dedicado al embargo de recursos de la salud, hecho que es ilegal e inconstitucional, sin embargo, se han detectados sus actividades en Sincelejo, Mocoa y Valledupar.  

Por esta razón, el Ministerio Público le solicitó a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de la República y al Consejo Superior de la Judicatura que se adelanten las acciones pertinentes para evitar esta cuestionable práctica.  

La Procuraduría destacó que en sus indagaciones encontró que en la actualidad hay 500 mil millones de pesos que permanecen en depósitos judiciales, como resultado de decisiones de jueces que ordenaron utilizar estos recursos para cumplir con obligaciones a terceras personas como contratistas y trabajadores.  

De esos recursos, 300 mil millones corresponden a dineros de las Empresas Prestadoras de Salud y a la red pública de hospitales.  

En la capital de Sucre los funcionarios del ente de control encontraron que el Juzgado Tercero Civil del Circuito ordenó el embargo de 11 mil millones de pesos, que debían haberse girado al Hospital Universitario de Sincelejo los cuales fueron bloqueados para responder a la demanda de un grupo de reclamantes, todos representados por un mismo abogado y a quienes se les debían 4 mil millones de pesos.