El Instituto Nacional de Medicina Legal realizó diariamente 57,7 exámenes médicos legales durante el primer trimestre de este año, por abuso sexual en menores de edad. Es decir, entre enero y marzo hubo 5.200 casos. Sin embargo, la preocupación se mantiene en el subregistro, que tiene que ver con los casos que no se denuncian.

El dato, aunque es menor que los 65 casos registrados cada día, en promedio, durante 2018, sigue generando alerta. La cifra da pie a una radiografía en Colombia: los niños siguen siendo vulnerables ante el abuso sexual, sobre todo, porque de acuerdo con Medicina Legal, los principales responsables son familiares o personas cercanas.

Por esta razón, el Ministerio de Defensa firmó hace dos semanas el Decreto 753 de 2019 con el fin de crear el Registro Nacional de Ofensores Sexuales.

El sistema se crea para reglamentar la Ley 1918 de 2018, por medio de la cual se estableció el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por estos delitos contra menores de edad, y tiene el fin de bloquear laboralmente a abusadores, principalmente para empleos que tengan contacto con ellos.

Este caso recuerda el debate que se generó en 2007, cuando en Bogotá, en diferentes puntos, ubicaron vallas con los rostros de violadores, para ponerlos ante el escarnio público y enviando un mensaje de “peligro” para la sociedad. Sin embargo, la Corte Constitucional los tumbó en ese momento.

¿Cómo será?

El decreto, indica que el registro “inhabilitará a quienes hayan cometido delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes para ser contratados”.

En ese sentido, Juliana Pungiluppi, directora del ICBF, señaló que “proteger a los menores de edad de la violencia sexual es posible y es responsabilidad de todos. Colombia se convirtió en el segundo país de América Latina en contar con una herramienta de este tipo que permitirá alejar a los abusadores”.

También es necesario recordar que este tipo de estrategias se ha implementado en otros países del mundo, como Estados Unidos y Argentina, que lo puso a funcionar en 2013.

Los perfiles

El decreto identificó las profesiones en las que un responsable de delitos sexuales contra esta población no podrá ser contratado por ninguna entidad pública o privada.

En el documento aparecen perfiles profesionales como docentes y los relacionados con instituciones educativas, personal de atención directa al público en servicios culturales, de recreación y deporte, personal de transporte escolar, médicos, entre otros.

Un dato relevante es que en el decreto también incluyen a los religiosos, como sacerdotes, pastores y catequistas.

Además, el Papa Francisco publicó un documento que incluye órdenes específicas sobre cómo actuar cuando se conozcan este tipo de casos.

De acuerdo con El Vaticano, la normativa está dirigida para que haya una mayor protección y atención a las víctimas y sanciones más severas a los religiosos responsables o a quienes oculten información.

Esta medida, que empezará a regir el 1 de junio próximo, solo se hará efectiva en El Vaticano, aunque es vista de buena manera, pues por lo menos se fija una posición ante los delitos cometidos por los representantes de la Iglesia Católica.

Así operá

Según el Decreto colombiano, el registro será manejado por la Policía, y las entidades públicas y privadas estarán obligadas a consultarlo, “para que puedan contratar a un empleado cuya labor implique un trato habitual y directo con menores de edad”, dijo Pungiluppi.

La funcionaria advirtió que si el aspirante ha tenido condenas por delitos sexuales o por agresiones contra niñas, niños o adolescentes “no podrá ser contratado”.

Si los empleadores hacen caso omiso, recibirían sanciones y multas de hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, de hasta $414.058.000.

¿Servirá la medida?

Ximena Norato, directora de la Agencia Pandi, entidad dedicada a velar por la protección de los derechos de los menores de edad en Colombia, sostiene que todo paso que se dé alrededor de la protección de la niñez “es importante”; no obstante, señala que aún falta mucho, dado que hay empresas que contratan personal sin revisar sus antecedentes y sin verificar que sean responsables de delitos contra la niñez.

“Lo que más necesita el país es que la justicia sea efectiva y eficiente, porque 90 de cada 100 casos en la Fiscalía, sobre este tipo de delitos, no terminan en una investigación rápida, efectiva y justa”, señala Norato, al destacar que, en muchos casos, los niños víctimas de estos delitos son llamados a audiencias para hablar del delito hasta cinco años después.

“Antes de todo, lo que debemos hacer es investigar cada crimen de manera prevalente, como son los delitos contra la niñez, tal como lo ordena la ley, para que no solo 10 responsables terminen con una condena”, agrega Norato.

Este paso es visto como un fortalecimiento de las medidas para prevenir los delitos contra esta población, pero el llamado sigue siendo hacia una justicia más ágil que, como queda claro, no pasa en el país.