La Defensoría del Pueblo alertó que en tan solo cuatro días, más de 1000 personas fueron desplazadas por actos violentos en el territorio nacional. 

El reporte da cuenta que entre el 17 y el 20 de enero se ha registrado un desplazamiento masivo a causa de hechos violentos ocurridos en zonas como el Bajo Cauca, Sur de Córdoba y los límites entre Boyacá y Casanare. 

El primer hecho se presentó el pasado miércoles en el Consejo Comunitario La Voz de los Negros, del municipio de Magüi Payán, en el departamento de Nariño, por cuenta de enfrentamientos entre miembros del ELN y disidencias de las FARC, causando el desplazamiento de 45 familias, al menos 172 personas. 

El segundo caso tuvo como resultado el asesinato del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Pedrito, de San José de Uré, en el departamento de Córdoba, el pasado 18 de enero. Por este hecho 75 familias, es decir, un total de 375 personas tuvieron que salir de la zona por las amenazas que recibieron de miembros del grupo denominado ‘Caparrapos’ y por los enfrentamientos entre estos y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). 

Un tercer caso ocurrió el sábado 19 de enero, donde se desplazaron 149 familias, cerca de 383 personas, miembros del Pueblo Zenú y comunidades campesinas de las veredas Piamonte, Ponciano Bajo, Ponciano Alto, Tamaná, Alto del Tigre, El Tigre, Anará, San Francisco y Campanario del municipio de Cáceres, en el departamento de Antioquia, y 25 familias, 125 personas más de la vereda Puerto Colombia, del municipio de Caucasia. 

Según la Defensoría, los desplazamientos del sábado se dieron por la presencia de hombres armados que se movilizaban por la zona informando a la comunidad que se enfrentarían con un grupo armado ilegal proveniente de Barro Blanco (Tarazá), donde también se encuentran en riesgo de desplazamiento otras 350 familias residentes en la zona. 

Por último, este domingo la Defensoria reportó que tres familias de la inspección Morcote del municipio de Paya (Boyacá), se desplazaron debido a los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el ELN. 

Ese mismo día, en el Consejo Comunitario Bajo Calima, en la vereda La Esperanza, del municipio de Buenaventura, se presentó la detonación de un artefacto explosivo y presencia e intimidación por parte del ELN a miembros de la comunidad. 

Allí, la Junta Directiva del Consejo Comunitario advirtió a la Defensoría del Pueblo sobre el riesgo de desplazamiento de cinco comunidades. 

Conocidos los hechos, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, hizo un llamado al Gobierno Nacional y a los entes locales para que “se dispongan las medidas necesarias para la atención integral a la población desplazada y para la protección de las personas que están en riesgo de desplazamiento”.