La Defensoría del Pueblo alertó sobre la eventual suspensión de los servicios de salud en las cárceles del país, dados los inconvenientes que se vienen presentando con la operación del Fondo Nacional de Salud para la población privada de la libertad, que ponen en riesgo los derechos de 122 mil personas recluidas en 137 establecimientos del país.

Según constató la Defensoría Delegada para la Política Criminal, tras visitar centro carcelarios de Bogotá, Villavicencio, Tuluá, Quibdó, Cúcuta y Popayán, en estos lugares se presentan fallas en salubridad y manejo de residuos.

En la cárcel San Isidro de Popayán la Entidad evidenció que hace más de tres meses que los residuos hospitalarios no son retirados del establecimiento y que con su progresiva descomposición representan un riesgo elevado para la integridad no sólo de quienes están privados de la libertad, sino también para el personal de guardia y funcionarios que laboran en el lugar.

Allí mismo (donde hay alrededor de tres mil internos), la inspección humanitaria de la Defensoría permitió establecer que de los 16 pacientes diagnosticados con VIH, solo cuatro recibieron medicamentos recientemente, mientras el resto de sus compañeros lleva meses sin acceder a lo ordenado en sus prescripciones.

En Tuluá (donde sólo hay Auxiliares de Enfermería y Odontología pero no personal médico) y La Modelo de Bogotá, la Defensoría del Pueblo también encontró que las 40 y 10 personas privadas de la libertad que padecen VIH, respectivamente, no reciben medicamentos desde enero, falencia que se extiende a quienes padecen otras patologías crónicas como la hipertensión y la diabetes.

Por su parte, en las cárceles de Villavicencio, Quibdó y Cúcuta, la Defensoría señaló que hay escasez de insumos médicos, hay dificultades con la asistencia de la red externa de operadores y los profesionales contratados por el Fondo a través de Fiduprevisora y Fiduagraria ya no prestan sus servicios debido al incumplimiento en el pago de los honorarios.

El pasado 18 de marzo, el Defensor del Pueblo (E), Alfonso Cajiao, había enviado una comunicación escrita al presidente Juan Manuel Santos solicitando la intervención directa del Gobierno frente a este delicado panorama y ante la reiteración de las dificultades la Defensoría insistió en la necesidad de acudir a mecanismos de choque para afrontar la problemática.

*Bogotá | Colprensa