Ante la amenaza del Eln de iniciar hoy un paro armado en diferentes regiones del país, entre ellas Norte de Santander, la Defensoría del Pueblo le hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, para que tome medidas que permitan garantizar la seguridad y los derechos de las comunidades.

La entidad advirtió que la situación es especialmente preocupante en Arauca, en donde el Sistema de Alertas Tempranas identificó que entre el 20 de agosto y el 2 de septiembre se registraron 14 hechos violentos entre los que se cuentan tres ataques contra la Fuerza Pública, el secuestro de cuatro comerciantes, uno de los cuales fue hallado muerto; el secuestro de cuatro arroceros y un retén ilegal que obstaculizó el tránsito entre La Esmeralda y San Lorenzo, en jurisdicción de Arauquita.

Recientemente se presentó un atentado con granada que dejó dos heridos en Saravena, las amenazas contra el alcalde de esa población, Yesid Lozano Fernández, a quien le dieron un plazo perentorio de ocho días para renunciar y abandonar el municipio, y la activación, ayer, de otro artefacto en zona suburbana de la capital, Arauca. 

“Esta actividad, a todas luces violatoria de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, cobijaría también a los municipios de Samaniego, La Llanada, Providencia, La Cruz y Tumaco, en Nariño, de acuerdo con un panfleto atribuido al Frente de Guerra Suroccidental Carlos Alberto Trochez de esa misma organización, según el cual las restricciones iniciarían a la una de la mañana del próximo 14 de septiembre y se extenderían hasta las 6 de la mañana del 18 de septiembre”, alertó la Defensoría.

De acuerdo con los mensajes difundidos por presuntos miembros de la organización armada ilegal desde la semana pasada, la parálisis en las actividades comerciales, de transporte y otras se extenderá también a Boyacá, Casanare, los Santanderes y Vichada, en donde opera el Frente de Guerra Oriental.

Por esta razón, la Defensoría anunció que acompañará durante todos estos días a las comunidades amenazadas por el Eln y reitera su llamado a ese grupo ilegal para que a través de los hechos legitime la voluntad de paz que manifiesta, devuelva a los secuestrados y cese las hostilidades que ponen en riesgo a la población civil.

La Opinión