Ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, la defensa de Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI),  radicó la recusación en contra del fiscal Néstor Humberto Martínez y la vicefiscal María Paulina Riveros y pidieron que se designe un fiscal ad hoc para que adelante las actuaciones procesales en contra del exfuncionario.

Entre los argumentos esgrimidos en el escrito de 34 páginas dirigido a la Corte se indica que la relación que en su momento el abogado Martínez Neira tuvo con el grupo Aval y plantea un conflicto con todo lo relacionado con el escándalo de sobornos de Odebrecht.

“La actuación del doctor Néstor Humberto Martínez, como Fiscal General de la Nación entorpece el debido proceso y vicia las ejecutorias que tienen relación con los procesos aquí referidos, engendrado por los compromisos profesionales, corporativos y personales que cruzó previamente con los socios del Consorcio Ruta del Sol 2, particularmente la relación personal con los ejecutivos de Odebrecht y con Luis Carlos Sarmiento y las empresas filiales del grupo Aval; Episol y Corficolombiana”, se lee en la página 18 del texto.

Andrade actualmente está en Estados Unidos, país al que salió luego de que la Fiscalía pidió la revocatoria de la medida de aseguramiento que pesaba en su contra y de que el expresidente de la ANI denunció amenazas en su contra.

En la exposición de motivos, Jesús Albeiro Yepes, abogado de Andrade, relaciona las actuaciones que como asesor de Aval y luego como Ministro de la Presidencia adelantó con lo relacionado al contrato del proyecto vial de la Ruta del Sol.

En la solicitud, Yepes también trae a colación el debate que en el Congreso se le hizo a Martínez Neira el pasado 27 de noviembre y de la intervención del jefe del búnker señaló que se ocupó en controvertir a sus censores utilizando evidencia que sus fiscales delegados han utilizado ante los Jueces con Función de Control de Garantías y de conocimiento en el proceso penal contra el doctor Andrade Moreno.

“Se hizo evidente que el doctor Martínez Neira, como Fiscal General, al referirse al doctor Andrade y a su esposa, contrajo su lenguaje a baldones y sus modales a una despiadada intimidación (...) se dirigió a ellos con afectación y desprecio, atribuyéndoles hechos y actuaciones en un contexto propio de un enemigo personal que ultraja, extrañando los roles de un operador judicial y haciendo suya la parcialidad”, le explicó Yepes a la Corte.

Primeras actuaciones del fiscal ad hoc

De otra parte se conoció que Leonardo Espinosa, el designado fiscal ad hoc para el caso Odebrecht, tomó en las últimas horas una decisión en el proceso que se adelanta en contra de los empresarios Federico Gaviria, Eduardo Zambrano, Gabriel Dumar y Gustavo Torres a quienes se les dejaría sin piso el preacuerdo firmado con la Fiscalía.

Federico Gaviria Velásquez fue imputado por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, tráfico de influencias de particulares, enriquecimiento ilícito de particulares y cohecho por dar u ofrecer. Ante un juez de garantías aceptó los tres primeros.

Zambrano, por su parte, fue señalado de ser el responsable de los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, aceptando ante el estrado este último.

Sobre Dumar, la Fiscalía indicó que habría contribuido para la simulación de los contratos y la entrega posterior de dineros por lo que le fueron endilgados los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

Todo apunta a que Espinosa no encontró colaboración real y efectiva de parte de los postulantes al preacuerdo por lo que tomó la decisión de deshacer el trato para redactar un nuevo acuerdo.

Pagos millonarios 

Por otra parte, Óscar Molano, investigador del CTI de la Fiscalía, detalló durante el juicio contra José Elías Melo los pagos que se le hicieron a la firma española DCS Management y a otras sociedades a través de la banca privada de Andorra, Nueva York y Panamá, dineros que salieron desde la Concesionaria Ruta del Sol a través del Banco de Bogotá.

“El total de los giros a la banca privada de Andorra fue de U$ 9.801.000 cuyo destinatario fue la empresa DCS Management por concepto de varias facturas”, explicó el investigador encargado del peritaje a los informes contables de la Ruta del Sol 2.

De acuerdo con su relato tuvo acceso a órdenes de pagos de cheques, los soportes de las transferencias internacionales, formatos de compra y venta de divisas, y declaraciones de cambio.

Molano también mencionó que U$ 3.240.000 llegaron a manos de los bancos panameños y U$ 1.583.330 tuvieron como destino el sistema de financiero de los Estados Unidos, puntualmente a Nueva York. En su contestación relacionó dos empresas más: Silery Development Corp, que tiene sede en Panamá, y Sociedad Internacional Finance, de Estados Unidos.

Así las cosas, el monto relacionado por el investigador forense, cuyo total es U$ 14.624.330, dista mucho del eje de este juicio que son los U$ 6.5 millones de dólares que recibió el exviceministro de Transporte, Gabriel García, y quien aseguró que Melo Acosta sabía del pago de esas coimas.

El ente acusador no deja claro en este juicio si lo que le dieron a García hace parte de los U$ 14 millones que mencionó el investigador este viernes o si es una suma diferente, por lo que se abriría un nuevo episodio en el entramado de corrupción.