El ministro de Justicia, Jorge Londoño, decretó este viernes la emergencia carcelaria ante los problemas que se tienen respecto a la prestación de servicios médicos en 74 establecimientos carcelarios y la urgencia para atender a la población reclusa.

La decisión se tomó en el seno del Consejo Directivo del Inpec y, según se indicó, las medidas no dejan de lado la estructuración de soluciones de fondo para que el nuevo modelo de salud en las cárceles entre en operación.

Según indicó el ministerio, no hay personal suficiente para atender de manera prioritaria a los internos con VIH (611), cáncer (89), diabetes insulinodependientes (1.112), EPOC (188) y psiquiátricos (2.884).

La cartera de Justicia explicó que la declaratoria de emergencia le otorga facultades especiales al director del Inpec y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), para tomar acciones expeditas que permitan hacerle frente a la crisis carcelaria en términos de contratación directa de obras de mejoramiento en unidades de sanidad, compra de medicamentos y atención urgente de los servicios de salud.

Las primeras medidas adoptadas tras la declaratoria por parte del Ministerio son realizar brigadas de salud inmediatas desarrolladas conjunta y articuladamente por una red social de apoyo conformada por las direcciones seccionales de salud de los departamentos, ONG y la fuerza pública.

Igualmente, se anunció la modificación del Manual de Funcionamiento a cargo del INPEC para que profesionales de salud, que son actualmente funcionarios de áreas administrativas, puedan realizar funciones asistenciales.

Como medida inmediata también se determinó ejecutar a la brevedad obras de mantenimiento, rehabilitación y dotación de las áreas de sanidad de los establecimientos de reclusión.

De acuerdo con el Ministerio, estas medidas urgentes no dejan de lado la estructuración de una solución de fondo a la crisis y responde a una situación inmediata a resolver.

Habla Minjusticia

El ministro Londoño indicó que esta determinación se toma para tomar medidas que sirvan de paliativo que "tienen que ver con las brigadas de salud, el cambio de manuales, para que podamos dotar el área de sanidad y resolver lo urgente".

"Pero lo que tenemos que resolver es cuál es el sistema de salud que vamos a aplicar para toda la situación carcelaria", dijo.

El ministro indicó que se aprobó que fuera hasta diciembre y que el próximo martes se realizará una reunión para tomar un plan de acción a tomar durante estos meses.
"Hay que hacer un autocrítica y eso es fundamental. Ha habido falta de gestión y tenemos que hacer mucha más para resolver estos problemas. Esta declaratoria es algo que se hace necesario y que es fundamental porque muchos centros de reclusión y lo que está en juego son vidas humanas", precisó.

No es suficiente: Defensoría

Una vez conocida la declaratoria, la Defensoría del Pueblo aseguró que la medida es positiva pero insuficiente ante la magnitud del problema y por eso la entidad había abogado por la declaratoria de la emergencia social y carcelaria, que es un estado de excepción.

En criterio de la entidad, es positiva, pero insuficiente porque no resuelve los problemas estructurales de hacinamiento en las prisiones, ni de atención en salud.

Defensoría lo había reclamado

El pasado 10 de marzo la Defensoría del Pueblo visitó 12 de los 20 establecimientos carcelarios donde se habilitaron cupos para presos, aseguró que de los 4535 cupos planeados para 2015, solo habilitaron 1709. En ese momento consideró que era necesario decretar una emergencia social al interior de las cárceles.

Esto fue lo que le permitió a la entidad señalar que el hacinamiento carcelario llegó al 56 %, y advirtió un retraso considerable en las obras, así como la entrega de trabajos que no responden a los estándares mínimos fijados por el Comité Internacional de la Cruz Roja, lo que significa un detrimento de los derechos fundamentales de estas personas.

Para ese entonces la Defensoría Delegada para la Política Criminal señaló que visitó los centros de reclusión de Girón y Bucaramanga (Santander), Girardot (Cundinamarca), Cartagena (Bolívar), Bogotá, Espinal e Ibagué (Tolima), Cómbita (Boyacá), Tierralta (Córdoba) y Cúcuta (Norte de Santander), donde constató que se han entregado solo el 25 % de los cupos planeados para el año pasado.

Estos 12 centros de reclusión han habilitado 736 cupos de los 4106 que pueden habilitar. Esto significa que los cupos entregados ni siquiera alcanzan para albergar la mitad de los nuevos internos que ingresaron al sistema el año pasado.

Bogotá | Colprensa