El presidente Juan Manuel Santos destacó el compromiso con las Fuerzas Militares, firmado este sábado por el Gobierno, para la aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz a los agentes del Estado que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado.

Luego de presentar el documento de diez puntos, Santos insistió que ese tratamiento diferencial no fue discutido con la guerrilla en la mesa de diálogos.

“Así se lo prometí a las Fuerzas Armadas y al país. Los beneficios y el tratamiento para los agentes del Estado eran una discusión también interna dentro del gobierno colombiano. No permitiría bajo ninguna circunstancia que el futuro de nuestras Fuerzas fuese discutido con las Farc", dijo Santos.

Uno de los puntos contempla que a la hora de impartir sanciones, la Jurisdicción Especial de Paz no solo se tendrá en cuenta los rangos o jerarquías de los militares, sino también el grado de conocimiento que tenía el implicado sobre las órdenes que cumplía en medio de la guerra.

"Cumplimos el compromiso de dar mismos beneficios a la fuerza pública (…) que no se repitan injusticias anteriores donde militares iban presos y guerrilleros no", agregó el mandatario.

En su intervención, durante una ceremonia de ascensos en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, el jefe de Estado también se refirió al punto en el que se aclara que los miembros de la Fuerza Pública que ya están condenados por algún delito relacionado con el conflicto armado, podrán pedir la revisión de la pena a través de la Jurisdicción Especial de Paz.

"Nuestros soldados y policías que están pagando penas podrán someter a Jurisdicción Especial de Paz, la revisión de su caso”, dijo Santos y aclaró que en el caso de los militares "se partirá de la base de que todo lo que hace nuestra Fuerza Pública es legítimo porque es nuestra Fuerza Pública la que tiene a su favor la Constitución y las leyes”.

Finalmente, destacó que todas las decisiones que tome la Jurisdicción Especial de Paz están blindadas jurídicamente para que en el futuro ningún proceso pueda ser reabierto.

“Lo que se decida en esa jurisdicción no podrá ser cuestionado o reabierto por ninguna otra instancia. Eso nos debe dar una gran tranquilidad porque el propósito es cerrar el conflicto”, dijo.

Santos señaló que ante la reducción de la violencia con las Farc, las Fuerzas Armadas deberán concentrar sus esfuerzos en otras estructuras armadas que mantienen e incrementan sus acciones en algunas zonas del país.

“El ELN es objetivo de alto valor, las bacrim son objetivo de alto valor. Debemos refocalizar nuestra energía a otros focos de violencia porque ya estamos viendo como al acercarnos al paz con las Farc, se reducen los índices de la violencia pero se mantienen otros”, advirtió.

¿Cuál fue el compromiso?

Sanciones y tratamiento diferencial

Aunque se aclara que el tratamiento para guerrilleros y agentes de Estado será simétrico en algunos aspectos, en otros, como por ejemplo en el tema de las sanciones, se buscarán otras alternativas punitivas para miembros de la Fuerza Pública.

No obstante, la configuración definitiva de las sanciones del Sistema Integral para los Agentes del Estado, pues será propuesta por el Gobierno Nacional antes de la firma del Acuerdo Final.

Lo que anticipó el Gobierno es que en cualquier caso, el tiempo de duración de las sanciones que se impongan a los Agentes del Estado será el mismo definido en la Jurisdicción Especial para la Paz para todos los responsables.

“Las sanciones a miembros de la Fuerza Pública que impliquen privación efectiva de la libertad, se cumplirán en todo caso en los establecimientos previstos en el régimen penitenciario (…) Cuando se trate de sanciones de restricción efectiva de libertad y derechos, se reglamentarán las diferentes modalidades de ejecución, garantizando mecanismos idóneos de monitoreo, vigilancia y control del cumplimiento de dichas sanciones”, aseguró el Gobierno.

Se les podrá suspender la pena

Frente a las garantías jurídicas el documento aclara que quienes hayan cumplido las condiciones del Sistema Integral, la Jurisdicción Especial para la Paz podrá aplicar, según el nivel de responsabilidad, medidas de resolución de la situación jurídica, como por ejemplo la suspensión de la ejecución de la pena y la renuncia a la persecución penal, entre otras.

Para recibir este beneficio y a cualquier tratamiento especial de justicia del Sistema Integral, los agentes del Estado deberán contribuir al esclarecimiento de la verdad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.

Incluso, quien aporte información falsa perderá el tratamiento especial de justicia. Al respecto, se impulsarán desde el legislativo leyes que definan el alcance de las medidas de reparación de víctimas por parte de los agentes del Estado.

*Bogotá | Colprensa