El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Ovidio Claros Polanco, cuestionó la tardanza del Gobierno Nacional para declarar la emergencia carcelaria en el país.

Polanco recordó los constantes fallos de la Judicatura ordenando atención en salud inmediata para los presos, el último proferido el pasado 30 de abril que protegía a enfermos terminales y a 16 internos con VIH en la cárcel de Popayán.

De acuerdo con Polanco, dichas tutelas no podían ser pasadas por alto por el Gobierno ya que se trata de derechos fundamentales de una población que el Gobierno tiene como obligación proteger.

“Aquí tienen que cumplir lo que se ha dicho y, si no lo cumplen, cualquier cosa que les pueda pasar a esos internos el Estado será responsable, en cabeza del Ejecutivo”, precisó al indicar que mediante acciones de repetición, los funcionarios responsables de estos casos deberían devolver los dineros que el Estado tenga que pagar.

“Una persona cuando cae en una cárcel sigue con sus derechos, esos derechos no pueden ser coartados, mucho menos el derecho a la vida expresado en su salud”, aclaró.

Para Polanco es claro al afirmar que se necesitan mayores apartidas presupuestales, así como una política pública seria.

“Si hay gente delinquiendo afuera tiene que pagar una pena. Pero yo no puedo decir que debo buscar fórmulas para que se vayan a la casa, a la calle, a otros lados o penas alternativas para todo el mundo porque no tengo cárceles, eso no es un Estado Social de Derecho, es falta de una política púbica”, agregó.

Entre tanto, el expresidente de la Judicatura, Wilson Ruiz, celebró la declaratoria de emergencia carcelaria por parte del Ministerio de Justicia, pero señaló que esta medida debe ser aprovechada para afrontar toda la problemática penitenciaria y no solo la crisis de salud que viven los internos en el país.

El exmagistrado dijo que además de las dificultades en el tema de la salud, es grave la situación de hacinamiento, las malas condiciones de la infraestructura, los problemas sanitarios, la no resocialización, los tratos indignos y los delitos que se cometen desde los penales, entre otros.

“Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) actualmente el país cuenta con 137 establecimientos carcelarios, que tienen una capacidad para 78.181 reclusos y una población de 122.771 personas, es decir, el hacinamiento supera el 57 por ciento”, precisó Ruiz Orejuela.

Indicó además que “por ejemplo, en una visita que hice (siendo magistrado) a la Cárcel del Distrito Judicial de Villahermosa en Cali, me llamó la atención la cantidad de jóvenes que engrosan la población carcelaria; cerca del 70 % de ella corresponde a hombres cuyas edades oscilan entre los 20 y 25 años y actualmente los internos allí recluidos superan en 4668 la capacidad de cupos, lo que representa un 255,6 % de hacinamiento”.

Para el exmagistrado se necesita del compromiso de toda la institucionalidad para superar la grave situación que viven los centros de reclusión que cada vez es más crítica.

“Se requieren alternativas a la privación de la libertad para dar solución a los problemas sociales que afronta el país y no solo buscar la salida en el derecho penal, que se convirtió en la única vía de escape al caos social que se manifiesta desde diferentes escenarios de la realidad nacional. Existe cierto temor en los jueces de ejecución de penas y funcionarios encargados de administrar justicia, de otorgar beneficios establecidos en la normatividad a condenados o sindicados de un delito, pero la misma norma que concede subrogados penales, establece una serie de requisitos para la concesión de esos beneficios, es decir, no es para todos, solo para quienes tengan el derecho”, agregó Ruiz Orejuela.