Si no se toman medidas adecuadas para corregir la política carcelaria, la crisis del sector estallará en algún momento. Así lo considera el presidente de la Comisión Asesora de Política Criminal, Iván González, al indicar que para esto se necesitan datos precisos para tomar decisiones informadas y no de reacción a situaciones de coyuntura.

En ese sentido, para González, es momento de que los integrantes del Consejo de Política Criminal, entre quienes está el Ministerio de Justicia y la Fiscalía, entre otros, dejen atrás las diferencias que se han levantado en últimos días, más sí se tiene en cuenta un reciente informe de la Contraloría General de la República que califica de fracaso la política carcelaria en los últimos 20 años.

“Estamos llamados a fracasar si continuamos pensando que con la sala ejecución de la pena privativa de la libertad vamos a lograr recuperar las condiciones de seguridad”, dijo González.

En su análisis, el jurista explicó que hay poca inversión en materia de resocialización pues la preocupación se ha centrado en aumentar los cupos carcelarios y no en mejorar las condiciones de dignidad humana de las personas privadas de la libertad.

A esto se suma, dejar de criminalizar todas las conductas. En su criterio, por ejemplo, es una contradicción que las personas condenadas por inasistencia alimentaria vayan a la cárcel pues allí no van a poder conseguir los recursos para hacer los pagos necesarios. También cuestionó la reciente ley que castiga con penas de hasta 3 años por maltrato animal por generar cargas al sistema judicial para penas que en la práctica no se cumplirán.

“El país tiene que enfrentarse a la discusión sobre lo que significa el uso de penas alternativas. Se están implementando en países como Estados Unidos que tiene tribunales de drogas que buscan modelos distintos a la prisión para solucionar problemas que se escapan al sistema judicial penal en sí mismo”, dijo.

El pronunciamiento se hizo en el lanzamiento del Observatorio de Política Criminal Ministerio de Justicia este martes, como una herramienta para tomar decisiones con fundamentos sólidos y no solo reactivas sobre los fenómenos de la criminalidad, la violencia, el sistema normativo y los operadores del sistema penal, penitenciario y carcelario por ejemplo.

La coordinadora del Observatorio, Adriana Romero Sánchez, dijo que se están presentado unas líneas base del Estado de goce efectivo de derechos de las personas privadas de la libertad y de cómo están los jóvenes privados de la libertad en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes.

"Para identificar el problema necesitamos disponer de información valiosa que nos permita encaminarnos en las mejores decisiones de política", dijo.

Sobre un supuesto fracaso de la política criminal en los últimos 20 años en materia carcelaria, como indicó en un informe la Contraloría, Romero dijo que el Ministerio de Justicia tiene unas líneas definidas que esperan dar fruto en los próximos años.

"El Conpes 3828 desarrolla ampliamente esa cuestión. Yo creo que el país debe conocer que Colombia ha duplicado en los últimos años la capacidad penitenciaria y no sería tan preciso hablar de un fracaso de las estrategias. Sin embargo, hay retos en el marco de las decisiones de la Corte Constitucional y hay una línea amplia que viene impulsando el Ministerio" dijo.