La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) dijo que el examen preliminar sobre Venezuela formulará conclusiones “en un período de tiempo razonable” y avisó a Colombia por una serie de cambios introducidos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La oficina de la Fiscalía, liderada por la jurista Fatou Bensouda, dio a conocer el miércoles su informe anual sobre los exámenes preliminares abiertos en nueve países, publicado tras la primera jornada de la Asamblea de Estados Parte de la CPI, celebrada en La Haya.

Respecto a la situación en Venezuela, Bensouda explicó que sigue recibiendo información por diferentes fuentes sobre supuestos crímenes de lesa humanidad, y que el examen preliminar abierto en febrero tiene como objetivo “formular conclusiones en un período de tiempo razonable”.

Dicha aclaración se produce después de que la fiscal haya recibido críticas de sectores de la oposición venezolana por no haber iniciado una investigación plena sobre el país caribeño, paso posterior al examen preliminar ya abierto.

En el informe se constata que “se ha alegado que las fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia emplearon fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones” durante las protestas de abril de 2017 contra el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El informe añade que, supuestamente, “se ha detenido y encarcelado a miles de civiles, algunos de los cuales fueron presuntamente sometidos a graves abusos y maltratos durante su detención”.

El documento especifica que la Fiscalía recibió información sobre “algunos grupos de manifestantes” que “recurrieron a medios violentos, lo que provocó que algunos miembros de las fuerzas de seguridad resultaran heridos o muertos”.

La Fiscalía señaló que tiene bajo su escrutinio la colaboración entre autoridades y “civiles armados pro gobierno, incluyendo los grupos denominados ‘colectivos’, que también perpetraron presuntamente una serie de actos violentos contra manifestantes, miembros de la oposición y activistas, funcionarios elegidos y estudiantes”.

Sobre la JEP

El otro país de la región que está bajo un examen preliminar es Colombia, que ha creado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Bensouda expresó “sus preocupaciones” por una serie de cambios introducidos en la JEP y aprobados por la Corte Constitucional, pues “podría interpretarse” con el sentido de “restringir el concepto de responsabilidad del mando en contraposición al derecho internacional consuetudinario”.

“Quedará en manos de los magistrados de la JEP interpretar la legislación nacional correspondiente, y en particular la definición de responsabilidad del mando”, añadió.

No obstante, la Fiscalía de la CPI valoró “positivamente” que la JEP esté en “pleno funcionamiento” y constató que desde noviembre de 2017 “las autoridades colombianas han llevado adelante varios procedimientos nacionales de relevancia”.

Estos enjuiciamientos incluyen “falsos positivos”, delitos sexuales y de género, y desplazamientos forzosos.

En informes anteriores, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) había identificado cinco casos potenciales de “falsos positivos”, pero el dossier publicado hoy aseguró que “las autoridades colombianas están llevando a cabo varios procedimientos” relacionados con los mismos.