El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció las primeras imputaciones de cargos por sobrecostros de 610.140 millones de pesos originados en la ampliación de la Refinería de Cartagena (Reficar). 

Se trata de Orlando José Cabrales, presidente de Reficar entre 2009-2012; Reyes Reinoso Yañéz, presidente de Reficar 2012-2016; Felipe Laverde Concha, vicepresidente jurídico de Reficar 2009-2017 y Pedro Alfonso Rosales Navarro, vicepresidente ejecutivo del Downstream de Ecopetrol 2008. 

Igualmente, se llamó a imputación de cargos a Nicolás Isaksson Palacios, Líder Grupo Legal de Reficar 2013-2017: Philip Kent Asherman, representante legal CB&I 2010; Massoud Deidehban, director de Proyectos y Representante legal CB&I 2009 y Carlos Alberto Lloreda, Revisar Fiscal de Reficar 2013-2015. 

El fiscal anunció que hay un mes para hacerse la imputación, tiempo que permitirá lograr que los extranjeros lleguen al país o sean pedidos en extradición. 

Estas personas responderán por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documentos. 

Igualmente se llamó a declaración juramentada a altos funcionarios del Estado que hacen parte de la junta directiva de Ecopetrol y de Reficar como Fabio Echeverry Correa, María Helena Velásquez, Joaquín Moreno Uribe, Carolina Rentería, Hernán Martínez entonces ministro, a Mauricio Cárdenas Santamaría actual ministro de Hacienda y entonces representante de los socios minoritarios de Ecopetrol y Oscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda de la época. 

Igualmente fueron llamados a declaración juramentada a María Paula Jaramillo Restrepo, Bernardo Rodríguez, Nicolás Rubio, Diana Constanza Calixto, Orlando Díaz y José Alfonso Marrugo Gómez. 

El fiscal anunció que se llamó a interrogatorio a Isaac Yanovich Farbaiz, presidente de Ecopetrol 2002-2006; Javier Genaro Gutiérrez, presidente de Ecopetrol 2007-2015; Jaime Leonardo Flórez, gerente de Vicepresidencia de Refinación Ecopetrol 2007-2008; Jorge Enrique Carvajales Orozco, vicepresidente de preparación y puesta en Marcha de Reficar 2015-2016; Richard Cohen, representante Legal de Glencore 2008-2009; Sergio de la Vega Jimenez, Ejecutivo Glencore y suplente de Reficar 2007by Christian augusto Mantilla Daza, director del proyecto Foster Wheeler & Process Consultant INC 2015. 

Así se produjeron los sobrecostos

Martínez explicó que el Plan Maestro de Desarrollo de Cartagena fue uno de los proyectos estratégicos de especial interés para la Nación y que la necesidad de modernizarla se dio porque tenía una obsoleta tecnología. 

Señaló que en la Ley 812 de 2013 se estableció que el proyecto se iba a dar con mayor participación del capital privado y con las inversiones estratégicas de Ecopetrol. Además se señaló en los documentos Conpes 3312 de 2004 y 3336 de 2005 que tenía que hacerse mediante una modalidad contractual denominada "llave en mano" para evitar sobrecostos y que no se fueran afectar las finanzas del Estado. 

El fiscal explicó que el Estado seleccionó en 2006 a Glencore International AG como socio, por lo que se creó la sociedad "Refinería de Cartagena S.A Reficar", con Ecopetrol, donde la empresa extranjera tenía el 51 % de participación. Pero luego, en el 2009 se retiró Glencore y Ecopetrol adquirió el 100 % de la responsabilidad. 

Entre tanto, en 2007, bajo la administración de Glencore, se eligió a la empresa Chicago Bridge & Iron Company (CB&I) para hacer la ingeniería y la construcción y en 2010, con la salida de Glencore, esa empresa suscribió dos nuevos contratos bajo la modalidad "costos reembolsables", desconociendo la ley. 

"Se permite concluir la Fiscalía que cuando se toma la decisión de llevar a cabo el contrato con 100 % capital de Ecopetrol con la modalidad de costos reembolsables, el Estado asumió los riesgos sin que el Conpes o la Ley modificara las premisas de este proyecto, que significa el mayor descalabro financiero de la República", dijo el Fiscal. 

En ese sentido, dijo el fiscal, se violo la Ley 812 y el Conpes 3312 y se benefició la empresa CB&I. "Se pasaron por la faja la ley y el Conpes. No era posible que el Estado que todos los colombianos asumieramos el riesgo de este proyecto", dijo. 

Los convenios del descalabro 

Martínez explicó que entre Reficar y CB&I celebraron acuerdos tipo MOA (Memorandum of Agreement) y PIP (Project Invoicing Procedure) que fueron los que dieron lugar a la apropiación de recursos públicos. 

"En el MOA se dispuso que mediante ese acuerdo de pagaran facturas que el supervosor del proyecto (Foster Wheeler y Process Consultant Inc) había objetado por improcedentes y en el PIP se hicieron pagos sin la revisión del auditor", dijo. 

El fiscal dijo que esto dio lugar a que se hicieran pagos que afectaron el patrimonio de la Nación por bienes y servicios que no hacía parte de Reficar, por subcontrataciones no autorizados por Reficar, por tabajadores que nunca ingresaron, pagos a trabajadores de obras aplazadas, entre muchas irregularidades. 

"Un pago de 22.000 dólares de CB&I por bebidas alcoholicas y por SPA. Hubo pagos dos veces por andamios. Pago de beneficios laborales a los que no tenían derecho. Un uso generoso de la chequera de la república", dijo el Fiscal al señalar que muchos de esos cobros habían sido rechazados por el auditor del proyecto hasta por 70 millones de dólares. 

El fiscal Martínez explicó que a octubre de 2016 el detrimento encontrado, derivado de la responsabilidad penal, es de 610.140 millones de pesos, lo que constituye un peculado. 

"Esto equivaldría a 18 Odebrecht. A 12.000 viviendas gratis", dijo el fiscal al explicar que el detrimento hallado por la entidad es diferente al de la Contraloría por la forma de investigación y el detalls que se hace de cada contrato.