Durante cuatro horas rindió indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia el senador liberal Álvaro Ashton, esto dentro del proceso de la llamada ‘parapolítica’. Durante la diligencia el parlamentario negó sostener relación alguna con las autodefensas.

Ashton es investigado por presuntos vínculos con el frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas y el Plan Caribe ideado por ese grupo ilegal, el mismo que consistía en apoyar candidatos del atlántico a cambio de favores burocráticos.

Isnardo Gómez, abogado de Ashton, señaló que a su cliente se le investiga porque el grupo paramilitar supuestamente “ofreció darle un puesto a un sobrino en un hospital para que les apoyara”, según Mario Rafael Marenco Egea, alias ‘El Gordo’, testigo principal del caso.

No obstante -dice la defensa- Ashton votó en contra de la Ley 975 de 2005 conocida como Justicia y Paz y que habría testimonios de otros jefes paramilitares como ‘Don Antonio’, Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, que lo estarían librando de responsabilidad.

“Entonces no sé cuál es la causa real para que le ofrezcan un puesto a un senador en un hospital y, como consecuencia de eso, lo vinculen definitivamente como presunto autor responsable de concierto para delinquir agravado”, señaló Gómez al indicar que estos hechos se remontan al 2004.

Gómez cuestionó que la captura se haya dado después de cinco años de investigación y dijo al respecto que “hemos soportado más de 35 diligencias donde nadie lo ha acusado (…) De la noche a la mañana hay cambio de teoría. Se puede analizar la modificación y el compartimiento con el senador Ashton que después de la aparición del doctor (Luis Gustavo) Moreno tiene tres proceso más”.

Tras la diligencia de indagatoria, la Corte Suprema deberá definir si le dicta o no medida de aseguramiento por el delito de concierto para delinquir agravado por colaboración con grupos paramilitares. Entre tanto, Ashton será enviado a La Picota.

“Tomaron la decisión de enviarlo a La Picota, al patio de servidores públicos. No estamos ni tranquilos ni intranquilos, no podemos hacer nada. Se solicitó que el senador, habiendo cumplido todas las citas de la Corte durante cinco años, que no representa ningún riesgo, quedara en libertad pero la respuesta fue radical y negativa”, dijo el abogado Gómez.