La Corte Suprema de Justicia condenó a la Sociedad Oleoducto Central S.A. al pago de más de 9.400 millones de pesos a las familias víctimas de la masacre ocurrida en Machuca, Antioquia, en donde al menos 100 personas murieron calcinadas y 30 más resultaron gravemente heridas, esto luego de que el Eln detonara una carga explosiva en el oleoducto Cusiana- Coveñas. 

A juicio del magistrado Aroldo Quiroz, para la Sala quedó demostrada la responsabilidad civil de Ocensa, decretada en primera instancia por el Tribunal Superior de Medellín, al determinar que fue equivocada la ubicación del oleoducto en relación con la población por situaciones previsibles, como la posible alteración del orden público y el caudal del río Pocuné, cuyas corrientes efectivas contribuyeron al siniestro padecido por los ribereños. 

“Aún de encontrar súbita repentina e irresistible la acción criminal del grupo subversivo frente a ella, es lo cierto que esa circunstancia, como también lo hubiera podido ser un desastre natural, debió haberse previsto frente a las consecuencias que un derrame de petróleo tenía en la población de Machuca”, dijo el magistrado. 

En su momento, el alto tribunal condenó a 40 años de prisión a nueve personas, integrantes del Comando Central del Eln (Coce), por los delitos de rebelión, terrorismo, homicidio y lesiones personales. 

La sentencia cobijó a  Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Herlinton Javier Chamorro, alias Antonio García; Israel Ramírez Cepeda, alias Pablo Beltrán; Luis Carlos Guerrero Cárdenas, alias Lucho; Pedro Elias Cañas Serrano, alias Oscar Santos; Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas Melía; Víctor Orlando Cubides, alias Pablo Tejada; Luis Guillermo Roldán Posada, alias Raúl; Óscar de Jesús Giraldo Martínez, alias Ryan, y Germán Enrique Fernández, alias Jhonny González. 

La Procuraduría avaló la determinación del alto tribunal en razón a que “son los encargados de trazar las acciones a seguir –así no las ejecuten- por parte de los integrantes de esa organización armada, y una de sus ordenes era la de atentar contra la infraestructura petrolera del país".