La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra el capitán de corbeta Héctor Martín Pita Vásquez, a quien se le comprobó responsabilidad en la masacre del Salado, ocurrida entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000. 

El oficial fue condenado tras comprobarse que no desplegó acciones militares por medio de la compañía ‘Orca’, de la Armada Nacional, de la cual estaba al mando, y por el contrario contribuyó con los hechos criminales que perpetró un grupo de paramilitares en la zona. 

“Permitieron el accionar violento de los grupos paramilitares que se tomaron durante varios días la población de El Salado y sus zonas aledañas, prestando de manera omisiva su concurso para ese cometido criminal, dejando de actuar conforme al mandato constitucional que les imponía contrarrestar las acciones lesivas que fueron ejecutadas durante ese tiempo”, expresó la Sala de Casación Penal en su decisión contra el infante. 

Ante los hechos, el militar fue condenado a 13 años de prisión por complicidad en el delito de homicidio agravado. 

Ese 19 de febrero un grupo de hombres armados llegaron a la población y asesinaron a 38 personas. Cuando se conocieron los hechos el mando militar le dio órdenes al capital Pita Vásquez para que neutralizara a los violentos, sin embargo, los uniformados llegaron a la población una vez los paramilitares se fueron, los cuales siguieron cometiendo homicidios por las veredas aledañas varios días después. 

La Corte inclusive revalidó el testimonio de un infante de marina adscrito a la compañía Orca, del 17 de marzo de 2000, quien dijo ante un Juez Penal Militar que existió complicidad entre los militares y los grupos paramilitares para ejecutar las acciones en El Salado. 

“Después de salir del corregimiento de El Salado, se encontraron con los paramilitares y en lugar de atacarlos y reducirlos, como era la consigna y su deber, departieron con ellos y discutieron sobre la coordinación de sus acciones”, expresó la Sala Penal en la sentencia. 

La Corte además le solicitó a la Fiscalía General de la Nación que declare los crímenes de todos los delitos que ocurrieron en las veredas cercanas, ejecutados como desarrollo de la intervención paramilitar en la zona.