La Corte Constitucional le ordenó al Gobierno Nacional que cree políticas claras para el control y la erradicación de la ilegalidad de la actividad minera en Colombia.

Igualmente, se deben crear medidas para el fortalecimiento del proceso de formalización de la minería tradicional, artesanal e informal, “mediante esquemas de incentivos que estimulen dicho procedimiento” y para “la eficiente gestión y administración del sector minero”.

Las órdenes igualmente deberán ir encaminadas a la formación de las personas que se dedican a la minería informal, en temas normativos, técnicos, tributarios, laborales, ambientales y culturales, con el fin de capacitarlos en la actividad que realizan y lograr posicionarlos en una escala de competitividad y la productividad.

Además, se deberá propender a la vinculación de los mineros informales a empresas del sector, en las que se les respeten sus derechos fundamentales como trabajadores.

La sala hizo el pronunciamiento al estudiar el caso de un título minero otorgada a una empresa para trabajar en la mina Villonza del municipio de Marmato, Caldas, en donde trabajaban de manera informal comunidades indígenas y afrodescendientes.

En su análisis, la Corte señaló que los derechos a la salud, al trabajo y al medio ambiente sano resultan afectados por la “explotación desmedida y descontrolada de los yacimientos mineros” y que ello es así por las “ineficaces e insuficientes políticas estatales de prevención y control para el adecuado desarrollo de la actividad minera que busquen conseguir condiciones básicas ambientales, de salubridad, seguridad social y seguridad industrial, que permitan preservar la calidad de vida y proporcionar un bienestar general a las personas que se dedican a esta actividad”.

La Corte indicó que si bien el Gobierno Nacional ha tratado de crear algunos controles a la exploración y explotación tradicional e informal minera, “la realidad de las miles de personas que derivan su sustento y el de sus familias de la minería tradicional e informal muestra que aún se carece de un modelo sostenible a través del cual el Estado fortalezca la explotación minera a través de propuestas sociales, económicas y ambientales inclusivas que apoyen la consolidación y crecimiento los pequeños mineros desde una perspectiva más garantista”.

En este sentido, la Corte dijo que la problemática histórica de la informalidad minera, asociada principalmente a la minería ancestral, de pequeña y mediana escala, se ha profundizado y que por eso el Estado debe reformular la política minera.

Suspende explotación de mina de Marmato

En la tutela, la Corte Constitucional ordenó a la empresa Gran Colombia Gold y Minerales Andinos de Occidente S.A. la suspensión inmediata de las actividades de explotación minera que esté realizando en la parte alta del Cerro El Burro, específicamente en la mina Villonza del municipio de Marmato, Caldas.

La Corte indicó que antes de la adjudicación del título minero correspondiente no se cumplió con el requisito de consulta previa a la comunidad indígena Cartama y a la comunidad afrodescendiente representada en Asojomar, que se dedica a la explotación minera en la mina Villonza de manera artesanal, siendo su ámbito de actividades culturales y económicas.

En consecuencia, se ordenó al Ministro del Interior que realice y coordine el trámite de consulta previa en cuyo desarrollo estarán involucrados el Concejo Comunitario de la parcialidad indígena Cartama y los miembros de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la zona que se dediquen a estas actividades informales. 

*Bogotá | Colprensa